La fiscalía de Murcia imputa a Ángel Luna por un proyecto urbanístico

"No tengo ni la más remota idea de los delitos que se me imputan", asegura el diputado socialista Ángel Luna, que se ha desplazado este miércoles voluntariamente a Murcia para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad tras conocer que la fiscalía solicitó su imputación por un proyecto urbanístico en Cartagena que promovía la empresa Hansa Urbana, en la que él trabajó como asesor urbanista hace diez años.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia confirman que el magistrado llamó a declarar como imputado a Luna el pasado día 12 de septiembre, y al día siguiente suspendió su imputación al conocer su condición de aforado al ser diputado en las Cortes Valencianas. El caso Novo Cartago investiga la construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral murciano.

Luna ha comparecido este mediodía ante el TSJ de Murcia para conocer el expediente y designar a un abogado y un procurador. El diputado asegura que el auto no le atribuye ningún delito y únicamente cita que estuvo presente en determinadas reuniones.

Luna, exalcalde de Alicante y actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes Valencianas, recuerda que entonces "no tenía ninguna capacidad de decisión y no firmé nada". El político socialista recibió una llamada el lunes de una funcionaria de los juzgados murcianos preguntándole la dirección postal para poder enviarle una citación, y luego le volvió a llamar al darse cuenta que al ser diputado está aforado. El juez de Murcia ha enviado un escrito a las Cortes para conocer la situación en la que se encuentra el político. "Yo no me escondo de nada, voy a pedir renunciar al aforamiento para que esto se aclare cuanto antes, y poder zanjar esta cuestión", ha dicho Luna esta mañana.

En la causa que investiga la tramitación del macroproyecto urbanístico Novo Cartago, según la resolución judicial a la que he tenido acceso la agencia Efe, están imputados otras tres personas, entre las que se encuentran el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillen y la arquitecta municipal, Mónica Lavia.

El juez cita como testigos a declarar los próximos 9 y 10 de octubre a otras cinco personas entre las que figura la profesora Francisca Baraza, exjefa de la demarcación de Costas del Estado y el arquitecto Felipe Iracheta.

En este caso, que investiga los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, también prestación declaración como imputados el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, el exdirector general de Medio Natural, Carlos Brugarola y una exasesora de Cerdá.

Todos ellos defendieron su actuación y señalaron haber actuado dentro de la legalidad cuando promovieron la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales que permitía la aprobación del proyecto urbanístico en el espacio protegido de Lo Poyo.

El abogado Ángel Luna tras perder la alcaldía de Alicante en 1995 trabajó para el constructor  Enrique Ortiz como asesor urbanista y entre 2002 y 2005 para Hansa Urbana. Dos años más tarde, Joan Ignasi Pla, secretario entonces del PSPV, repescó a Luna como cabeza de lista para las elecciones autonómicas.