La juez Cillán niega haber cometido prevaricación en el cierre de una discoteca

Con la voz temblorosa, andar renqueante y mirada cabizbaja, la juez Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, conocida por reabrir en falso el caso del 11-M o llevar la investigación del caso Ussía, ha negado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haber cometido el delito de prevaricación en la administración judicial del que se la acusa por haber precintado la discoteca Moma en septiembre de 2011. La magistrada ha declarado que acordó cerrar el local a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Álvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.

"No me confieso autora de los hechos tal como están relatados. No he cometido ningún delito de prevaricación", ha subrayado en el primer día del juicio oral la acusada, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación a petición de la Fiscalía, que ha quedado en soltario después de que uno de los exsocios del Moma retirara sorprendentemente su acusación. El relato del que discrepa es el siguiente: El 21 de septiembre de 2011, cuando Cillán se encontraba de guardia, recibió una denuncia de Alberto Vos, socio de la discoteca Moma 56 S. L., contra Fernando Robes, también socio. En ella se pedía el precinto del local y un cambio de administradores. En contra del criterio de la fiscal de guardia, que alegó una falta de comprobación de los hechos denunciados, Cillán cerró y siguió tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado, como recogen las normas de reparto de asuntos vigentes entre juzgados de instrucción. Al día siguiente, nombró a un administrador judicial y dos días después nombró a otros tres administradores, entre ellos Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto “novio”, según declaró después la fiscal que estaba de guardia el primer día, Soledad García, durante la inspección que realizó el Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía entiende que Cillán “coaccionó vehemente” a la fiscal para que fuera favorable al precinto del Moma. “Nunca la he coaccionado porque sé cómo es”, llegó a decir. Además, argumentó que esa decisión la tomó como “medida preventiva” porque los porteros no estaban asegurados. “Más vale prevenir que lamentar”, expresó, al tiempo que recordó que ella dirigió la instrucción por la muerte de Álvaro Ussía a manos de un portero de una discoteca.

La procesada ha asegurado que acordó la administración judicial de Moma sin vulnerar derechos fundamentales ni perjudicar a ninguno de los accionistas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de este juicio oral contra ella, que se prolongará hasta el viernes. Tras la declaración de la acusada, está previsto que el martes, miércoles y jueves comparezcan los testigos y se espera que el viernes tengan lugar las pruebas pericial y documental, las conclusiones e informes definitivos.

El expediente disciplinario en el CGPJ se inició en diciembre de 2011 por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca y la designación de los administradores judiciales. Uno de los propietarios del local denunció ante el Poder Judicial que la magistrada estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento. Así, según el denunciante, sus socios le denunciaron por administración desleal y la juez Cillán, de acuerdo con ellos, acordó el precinto del local. Al día siguiente nombró administradores judiciales y, horas después, siempre según el denunciante, la juez cenó en un restaurante de Madrid con el abogado de sus socios.