Cooperativa de refugio personal y salida laboral

Una empresa puede ser, además, un refugio personal. Al menos bajo el mando de Martirio Castilla, la presidenta de la cooperativa almeriense Palacio Arboleas. Castilla, que estaba separada y tenía dos hijos, empezó a trabajar en un servicio de ayuda a domicilio en Huércal (Almería). Al principio no le daban de alta en la Seguridad Social, y cuando lo consiguió, no le abonaban la totalidad del sueldo estipulado. Por eso, por la necesidad imperiosa que tenían Castillo y una compañera de ser plenamente reconocidas en su empleo, en 1997 crearon su cooperativa, una entidad de mujeres en riesgo de exclusión social, cuya actividad era el cuidado y asistencia a personas de la tercera edad o con algún tipo de problema. La cooperativa llegó a estar presente en seis pueblos, con 120 empleados, pero ahora “ha menguado, como todo”, así lo afirma la presidenta de la sociedad.

La empresa está compuesta por cuatro socias trabajadoras y 80 empleados fijos. Algunas de las 77 mujeres, además, ven en Castilla un referente. “Ellas me dicen que les sirvo de ejemplo”, cuenta la presidenta, que dejó los estudios para dedicarse plenamente a la cooperativa pero luego los retomó. En la actualidad, Castilla ha terminado la carrera de Trabajo Social a distancia y, desde el año pasado, está matriculada en Derecho. Considera un “refugio” su cooperativa y expone que acogen a mujeres maltratadas, aunque agrega que se trata de una situación difícil. Ella ha pasado por este trance y tiene las ideas claras: “Nunca creí que me mereciera aquello”.

Aunque en el aspecto laboral, Castilla reconoce que quien da cobijo a estas víctimas acepta que va a asumir determinados gastos extra. Esa trabajadora “se ausentará para ir al juzgado y quizás falte a su empleo porque tiene la cara marcada”, pero no le importa. “Si de 10 mujeres, una llega a creer que vale, me doy por satisfecha”, afirma. Asegura que no hay ninguna discriminación para incorporar personal a la entidad. Solo establece un requisito: formarse. Por ese motivo, según ella, los beneficios que obtiene la sociedad se destinan al aprendizaje básico para ser útil en la asistencia a domicilio, desde coser un botón hasta bañar a una anciana.

Pero ya no solo auxilian a las personas en sus hogares. Con el tiempo, Palacio Arboleas ha ido adquiriendo un catálogo más amplio de labores y ahora lleva también temas educativos y de menores, ayuda a marcar directrices a determinados centros. El servicio que proporcionan, en cualquier caso, es “24 horas”, dice. Colaboran esporádicamente con prostitutas, pero Castilla afirma que no pueden especificar quiénes lo son “porque si se sabe, no las contratan”. Han implantado también un sistema de prácticas gracias al que se empezaron a introducir hombres. Aunque al principio muchos clientes no querían un cuidador masculino, con el tiempo se han mostrado muy satisfechos. A pesar de esta disponibilidad, Castilla asegura que los Ayuntamientos no tienen dinero y ya no presupuestan ayuda a domicilio como antes. “Han metido la pata. Por eso ahora la gente emplea mucho menos a personas ajenas a su familia, cogen ellos la prestación económica y asisten al familiar directamente”, opina.

Y según la experiencia de Castilla, no todas las personas valen para tratar con niños o para repetirle a alguien que no debe tomar azúcar. La presidenta recuerda con cariño a una señora maltratada y cuyo hijo había fallecido, que era muy lenta al principio en las tareas pero perseveró hasta aprender el oficio. A pesar de encontrarse en una mala situación económica “jamás se quejaba ni pedía un anticipo”, dice Castilla. “Tienen un sentido de la responsabilidad enorme y son muy trabajadoras”, asegura.

La cooperativa de Castilla, una de las 7.126 empresas de economía social que hay en Andalucía, tiene como eje central a las personas. Así ocurre también en las demás sociedades de dimensión social, cuya labor constituye el 13% del PIB andaluz. Casi una cuarta parte de las empresas de economía social de España se encuentran en Andalucía, según datos de la Confederación Andaluza de Entidades de Economía Social (Cepes). En ese porcentaje de casi el 25% se encuentra Consumo Gusto, una cooperativa onubense de consumidores y usuarios que preside Begoña Huertas.

Todo empezó con un grupo de personas, entre las que estaba Huertas, que pertenecían a una plataforma dedicada al comercio justo. Conforme la demanda iba creciendo, surgió entre sus miembros la idea de que una empresa con el mismo objeto podría funcionar, además de crear empleo. Así que se les ocurrió montar Consumo Gusto, una cooperativa que cumplirá tres años el próximo enero. La intención de los ocho socios era promover el consumo responsable e incorporar y formar a trabajadores que se encontraran en riesgo de exclusión social, en principio, gente que estuviera en la calle. Pero la situación laboral que se derivó de la crisis hizo que ampliaran el espectro. Querían dar una segunda oportunidad. Ahora, la entidad ya cuenta con 80 socios de distintos tipos: cooperativistas, trabajadores, capitalistas, colaboradores y consumidores.

Esta sociedad pretendía, en un principio, ofrecer un servicio de catering, aunque empezó a dar desayunos y luego fue consolidándose. Además de alcanzar su objetivo, actualmente preparan y distribuyen a domicilio cestas personalizadas de productos ecológicos y de comercio justo. La entidad, que tiene una bolsa de trabajo, realiza cursos dirigidos, sobre todo, a tres perfiles concretos. Por un lado, a mujeres inmigrantes sin recursos, algunas de las cuales han ejercido la prostitución y “cuando intentan sacar un poco la cabeza de ese mundo, no tienen dónde ir”, dice Huertas. Por otra parte, intentan dar una opción a chicos que no tienen graduado y que “están dando vueltas”. También dan alternativas a indigentes que se encuentran en procesos de inserción.

Ese grupo tan heterogéneo se forma para catering y servicios, y así puede disponer de, al menos, una salida laboral. Muchos se definen a sí mismos, según cuenta Huertas, como “personas que lo han pasado mal” y que quieren salir adelante. El único requisito que ponen es que los que reciben esa formación sean socios. “Cuesta 10 euros hacerse miembro pero, si no pueden pagarlo, ni lo mencionamos”, dice Huertas. “Cuando terminan el curso, se les vincula a la cooperativa, de manera que cuando hay que preparar las cestas de alimentos o alguien encarga un servicio a la sociedad, llamamos a algunos de los que realizaron el curso. Además, tres de los que han recibido los cursos han encontrado un empleo en un restaurante este verano”, asegura la presidenta de esta sociedad.

Consumo responsable

Huertas tiene clara la importancia de nuestros hábitos en la vida y asegura que la cooperativa también quiere cambiar conciencias. “La forma en que consumimos puede modificar la sociedad y el mundo”, afirma. “Nuestro proyecto da posibilidades a gente que lo necesita, favorece a cooperativas y a otras entidades que comparten nuestros valores, y lo mejor: todo el mundo tiene cabida en él”. Y aclara: “Por ejemplo, hay gente que solo se compromete a comprar el azúcar y el café y con ese consumo ya apoya nuestra iniciativa”.

En Consumo Gusto quieren concienciar a la ciudadanía de que no solo debe pensar en sus necesidades inmediatas al consumir, sino también conocer las condiciones laborales de los trabajadores que lo fabrican, el impacto que tiene su elaboración en el medio ambiente. Eso sí, admite que el problema de la financiación les frena para promover nuevas iniciativas pero coge fuerzas al pensar que “otro mundo es posible”.