Imputado el alcalde de Villamanrique por nueve contratos irregulares

El Juzgado mixto 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar como imputado al alcalde de Villamanrique, José Solís de la Rosa (PSOE), acusado de un presunto delito de prevaricación por nueve contrataciones realizadas en 2010 en contra de los informes del secretario municipal. La instrucción parte de una denuncia promovida en abril de 2012 y en la que también se señala la asignación de “gratificaciones periódicas” no sostenidas por la preceptiva “acreditación”. Solís de la Rosa deberá declarar el 2 de diciembre.

Según desgranaba la denunciante, en estos informes se ponían de relieve la contratación de estos trabajadores a pesar de no cumplir “los requisitos de mérito, igualdad y capacidad para acceder a la función pública”, informa Europa Press. Las citadas contrataciones, además, habrían sido consumadas “a sabiendas de su ilegalidad”. La denunciante, además, avisaba de que en junio de 2010, y según “el criterio” de la Alcaldía, el personal de un taller de empleo no sufrió la reducción salarial dictada ese mayo por el Gobierno central.

En enero de 2013, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 ordenó el archivo provisional de la denuncia, pero su promotora formuló un recurso de reforma.

Facturas duplicadas

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra el anterior Gobierno municipal de Aznalcóllar (Sevilla), de mayoría socialista, por justificar en 2008 con facturas duplicadas unas subvenciones de la Junta y de la Diputación para los programas Envejecimiento Activo y Dinamización Comunitaria.

En el caso del Envejecimiento Activo, se facturaron una serie de gastos de personal, celebraciones, excursión a Córdoba, autocares, almuerzos y visitas a monumentos en los que “todos y cada uno de los gastos son los mismos” que en su día se usaron para la justificación del otro programa, que contó con un presupuesto de 7.866 euros.

La fiscalía entiende que podrían existir delitos de falsedad en documento mercantil en facturas por un importe de 4.763 euros presentadas por duplicado en las citadas subvenciones, “sin perjuicio de que también se deba investigar si ese dinero ha sido objeto de un destino ajeno a los fines públicos perseguidos”.