Segundo imputado por irregularidades en la Cámara de Pontevedra
Los presuntos cobros irregulares se descubrieron en 2006 La Fiscalía no los denunció hasta el pasado año
Juan José María Lago, responsable de la empresa Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda con sede en la ciudad brasileña de Florianápolis y que trabajaba a sueldo de la Cámara de Comercio de Pontevedra desde 2002, declarará como imputado en el proceso judicial abierto por presuntos cobros indebidos de la secretaria de la entidad, Rosario Lorenzo.
La comparecencia del empresario se produce ocho meses después de que el fiscal de Delitos Económicos hubiese pedido a la juez encargada del caso su citación como imputado. El juzgado estuvo a punto de ordenar la detención de Lago, después de varios intentos fallidos para que declarase en el juzgado y ante las dificultades para localizar su paradero durante todo este tiempo.La titular del juzgado número 3 de Pontevedra, Casilda Rodríguez, ha fijado para el próximo 16 de septiembre el interrogatorio del empleado de la Cámara. Juan José María Lago tendrá que aclarar la procedencia del dinero que fue retirando la secretaria como apoderada de una cuenta bancaria de la que él era titular.
Presuntas comisiones
Los presuntos cobros irregulares se descubrieron en 2006 pero no fue hasta el pasado año que la fiscalía denunció los hechos. Las cantidades retiradas por Lorenzo podrían superar los 16.000 euros, según los últimos informes periciales en poder del juzgado. Aunque se podría acoger a su derecho a no declarar, el testimonio de Lago se considera crucial para aclarar todos los extremos del caso que no despejó en su día Rosario Lorenzo cuando fue interrogada para responder a un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y posible cohecho.
La cuenta bancaria investigada por la fiscalía, a raíz de una denuncia anónima de funcionarios de la Cámara, era utilizada por el empresario para cobrar un promedio de 3.800 dólares mensuales que le pagaba la entidad y de donde la secretaria fue retirando dinero en concepto de presuntas comisiones, según la querella del fiscal. El empresario, que había trabajado como becario de la entidad antes de ser contratado, operaba desde Brasil como delegado de una oficina de promociones empresariales que fue financiada en un 80% por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta.
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