Responsabilidades judiciales, no políticas

El presidente provincial del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, volvió a evidenciar este jueves sus discrepancias con las líneas rojas marcadas por Fabra en su política contra la corrupción.

Rus, en su discurso en la sesión inaugural del evento del PP, aseguró: “Si hay corrupción, a la calle”. Pero acto seguido añadió: “Y presunción de inocencia... Hasta que el juez no dicte fallo aquí no pasa nada”.

Un extremo que, en la práctica, exoneraría a los partidos políticos de cualquier responsabilidad política y dejaría la limpieza de estas organizaciones en manos de los jueces.

El dirigente provincial ya ha expresado su posición en anteriores ocasiones, pero su pronunciamiento público tiene lugar después de que Fabra dijese el miércoles que los imputados “desde el partido van a tener la defensa necesaria para poder demostrar su inocencia”. Una manifestación realizada tras conocerse que la Fiscalía solicita la imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos. Y es que la corrupción se ha convertido en una melaza en la que los populares se enredan a medida que se mueven.

Por eso, los miembros de la cúpula del PP y del Gobierno que participaron ayer en la escuela de verano del PP, que por segundo año consecutivo se celebra en Gandia, evitaron pronunciarse sobre el caso Bárcenas y las declaraciones como testigos de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal —que clausura el evento mañana— y del vicesecretario del partido, Javier Arenas, ante el juez Pablo Ruz.

En este contexto, la escuela de verano del PP ha programado para hoy un debate a puerta cerrada sobre “regeneración política”, cuyas conclusiones explicará el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano.

Los populares son conscientes de que, pese a su insistencia en recalcar que la crisis ha tocado fondo, los escándalos de corrupción lastran su imagen y evitan las preguntas incómodas.

En este contexto, el secretario regional del PP, Serafín Castellano, optó por realizar una intervención de nivel bajo, en la que puso el acento en la cuestión identitaria y criticó a los independentistas.

[Por otra parte, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, respondió este jueves con autoritarismo a la petición socialista de crear una comisión de investigación que aclare la venta de una parcela municipal a la empresa que es propietaria del piso donde vive el edil. Torró emitió un decreto de alcaldía con el que retira una de las dos dedicaciones parciales al grupo municipal socialista. Una práctica que el alcalde popular ha utilizado varias veces contra el PSPV por sus posicionamientos críticos. El alcalde acusó a los socialistas de poner en peligro su seguridad y la de su familia por desvelar dónde vive.]