Griñán liga su marcha de la Junta de Andalucía a la “erosión de los ERE”

Tras 52 meses en el cargo, José Antonio Griñán dimitió ayer como presidente de la Junta de Andalucía, y lo hizo cargando sobre sus espaldas todo el desgaste político que el caso de corrupción de los ERE ha provocado al Gobierno andaluz desde que el fraude se conoció en enero de 2011. Hasta ahora, Griñán había rechazado siempre vincular su renuncia a esta causa, que heredó cuando en 2009 asumió la jefatura del Gobierno andaluz. Incluso en el Parlamento, cuando el líder de la oposición aseguró que su decisión de no repetir como candidato socialista se debía a los ERE, Griñán lo desmintió con vehemencia.

Él se ciñó a razones de carácter personal y familiar y otras de índole política como el de propiciar un relevo generacional. “El caso de los ERE nada ha puesto ni ha quitado de mi decisión; nada me empuja y nada me retiene”, proclamó en sede parlamentaria a finales de junio. Todo lo contrario dijo ayer cuando admitió que una de las razones de su dimisión ha sido la de “preservar a la Junta de la erosión” provocada por el caso de los ERE.

Hasta ahora, solo la oposición del PP vinculaba la marcha del que ha sido el cuarto presidente de Andalucía con la corrupción de los expedientes de regulación de empleo. Pero, de manera un tanto sorprendente, aunque muy griñaniana porque hasta entonces la había negado, Griñán ligó su “necesaria renuncia” al hecho de “sacar a Andalucía y la presidencia de la Junta de un debate que está siendo obstáculo para luchar contra la crisis”. Un paso atrás para que este caso “deje de entorpecer la política cotidiana”.

Griñán no ocultó el dolor y el desgarro que le ha supuesto el que sus adversarios le hayan situado en el punto de mira de este asunto, sobre todo, porque lo considera injusto. “Es mucho el daño personal que se me ha hecho, pero sobre todas las cosas me duele el daño a la Junta. Aun sabiendo que con la renuncia estás respondiendo con una decisión que parece dar la razón a quienes no la tienen, es bueno dar el paso atrás y esperar a la reparación, que sin duda habrá que llegar y que pondrá a cada uno en su sitio”, señaló.

Con esta justificación, Griñán probablemente esté arrastrando a todos los que trabajaron con él en la Consejería de Economía y Hacienda cuando la Intervención General de la Junta emitió hasta 15 informes contra el procedimiento administrativo de los ERE, aunque estos no detectaron menoscabo de dinero público. Entre ellos, a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en un momento en el que se diseñan los presupuestos andaluces para 2014. También el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, imputado por la juez Mercedes Alaya. Y tal vez la locomotora también tire del vagón que ocupa el responsable de Economía, Antonio Ávila, que dirige una macroconsejería con competencias tan diversas como universidad, innovación, ciencia, empresa, empleo y los ERE. La continuidad de estas tres personas y de los cinco consejeros socialistas restantes —los tres de IU van a seguir— depende ya de la próxima presidenta, Susana Díaz, que será la que ponga la altura del listón de separación con la etapa Griñán.

El presidente en funciones se mostró convencido de que en su antiguo departamento se actuó “con total legalidad” y que no hay ningún delito que le puedan imputar.

Griñán esperará a la “reparación” del daño causado por los ERE como senador por la comunidad autónoma. Seguirá así aforado por el Tribunal Supremo, mientras que si solo conserva el escaño de diputado autonómico, que puede o no compatibilizar, lo sería por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Mi escaño es mío”, respondió en una conferencia de prensa en la que leyó su despedida.

También seguirá como presidente federal y secretario general de los socialistas andaluces, aunque de sus propias palabras parece deducirse que tampoco por mucho tiempo. “Ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos” tras la conferencia política de noviembre, señaló. A este cónclave, que puede generar movimientos internos inesperados, los socialistas andaluces llevarán la propuesta de limitar a dos los mandatos institucionales.

El hecho de que Griñán ligara su renuncia al caso de los ERE dejó en un plano muy secundario otra de las razones por las que dimite: el provocar un cambio generacional en la política andaluza, “que se ajuste con los tiempos” y que él, confesó, no podía protagonizar. La elegida por él y también por los avalistas de su partido es Susana Díaz, quien antes de su investidura solo tiene previsto una intervención pública el jueves ante el comité director del PSOE andaluz.

Griñan negó que hubiera mentido al Parlamento cuando dijo que permanecería en el cargo hasta el final de la legislatura: “No mentí. Ha habido circunstancias personales, que no voy a detallar, que me han obligado a acelerar los tiempos”.

En la dimisión de Griñán todavía hay zonas oscuras difíciles de entender porque las explicaciones que él mismo y su partido han dado han sido muy cambiantes. “Da la impresión de que ha construido el guion de los motivos de su renuncia a posteriori”, opinó un dirigente socialista. El propio líder del PSOE las ciñó al ámbito personal y familiar; luego convocó unas primarias exprés en el mes de julio que el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, justificó ante posibles “contingencias internas” ante un eventual adelanto electoral por desavenencias con IU a la hora de elaborar el Presupuesto. Aunque la fecha electoral también pasará a ser responsabilidad de Díaz, Griñán calificó de “sólido y fuerte” la coalición con Izquierda Unida. “La estabilidad política del Gobierno andaluz es una garantía de futuro para Andalucía”, subrayó.

Antes de comparecer en la sala de prensa del palacio de San Telmo, Griñán adelantó a los consejeros, en la reunión del Consejo de Gobierno, el contenido de su última intervención en conferencia de prensa como presidente. Lo hizo después de que se aprobaran cuestiones no menores como la decisión de pleitear por la distribución del déficit público. Cuando terminó, levantó la sesión sin dar pie a emociones. Todo el Gobierno (faltó Elena Cortés, de viaje en Luxemburgo) celebró una comida de despedida en Casa Salva, próxima a la sede regional socialista, que pagaron a escote (32 euros cada uno).