Una maraña de empresas se reparte los distintos escalones de las emergencias

La atención a las emergencias en Galicia se ha convertido con la privatización sucesiva pero imparable de servicios en un marasmo de sociedades privadas y responsabilidades diluidas que trae de cabeza a los trabajadores, que llaman la atención sobre el riesgo potencial que esto conlleva para servicios públicos básicos, desde la extinción de incendios a la alerta telefónica. El accidente de Angrois en Santiago y los fallos de coordinación han servido de altavoz a las quejas de los profesionales del sector.

“Hay una precarización de los servicios de emergencias que la ciudadanía no está viendo”, dice Isabel Moares, trabajadora del 112, el servicio de atención telefónica a las emergencias que suele ser el primer punto de contacto entre la emergencia y la ayuda. Con una plantilla de 90 personas, que se reparten en verano en tres turnos de entre ocho y 12 personas, el servicio está subcontratado a una empresa de publicidad telefónica, Telemark. Moares no abunda en los problemas laborales que supone depender de una compañía que trabaja en régimen de concesión, pero sí incide en la sensación de inseguridad que implica desconocer si al término del contrato se van a quedar en la calle. “Esto no es como vender seguros por teléfono”, explica. Los empleados tienen que pasar dos exámenes y durante un tiempo no están solos al teléfono, pero una vez pasado el periodo inicial, se acaba la formación. “Tratamos con suicidas, familiares de fallecidos en situación límite y no recibimos la formación adecuada. Cuando fue el accidente de Angrois, por ejemplo, se abrió una línea de información a las víctimas; son situaciones bastante fastidiadas”.

La precariedad empuja a veces a los trabajadores a prescindir del protocolo para agilizar la atención. “Si un parque de bomberos comarcal tiene que apoyar a una brigada forestal pero no sabe dónde, llama al 112, pero nosotros no tenemos comunicación directa, sino que tenemos que llamar a la central de bomberos, que a su vez llama al distrito, capataz y brigada. Y eso tanto a la ida como a la vuelta. Los protocolos a veces ralentizan la actuación y si ves que hay una vida en peligro se saltan, pero sabiendo que a lo mejor el coordinador te puede llamar la atención”, comenta.

El 112 está privatizado, pero al menos es un servicio único. Los bomberos privados se las ven y las desean para ponerse de acuerdo. En Galicia hay tres empresas que gestionan parques. Veicar, que gestiona 12 de 23 parques, la mayoría en la provincia de A Coruña, Matinsa, que acaba de aterrizar en los parques privados de la provincia de Pontevedra y Natutecnia, que lleva tres en A Coruña y uno en Lugo, pero que a través de varias asociaciones con otras empresas tiene un papel destacado en la gestión global de emergencias. Es la encargada, por ejemplo, del Grupo de Apoyo Logístico que depende de la Axencia Galega de Emergencias. Con base en Silleda, se concibió como un instrumento de la Xunta para apoyar situaciones de emergencia cuando otros servicios de emergencia lo requieren, pero según fuentes de los trabajadores su efectividad es limitada. La plantilla —que se nutre de los propios empleados de la empresa en los parques que controla— tiene que estar permanentemente a una distancia de no más de tres cuartos de hora de la base, pero hay empleados que viven en Ferrol o as Pontes que difícilmente pueden cumplir tal parámetro. Sucede además, según insisten trabajadores de la compañía, que en los días en que un empleado está de guardia en Silleda deja desatendido su base habitual, lo que afecta incluso a jefes de parque. Los empleados también aseguran que en estas listas de personal figuran directivos de la empresa y no especialistas en intervención de emergencias, lo que incumpliría unos pliegos de condiciones cuyo control es reducido.

Natutecnia extiende su campo incluso a la gestión de personal de las brigdas helitransportadas, concedidas por contrato a una unión de empresas en la que participa junto a Inaer, la compañía que suministra los aparatos. Natutecnia participa asimismo en la elaboración de los planes de extinción de incendios de la Xunta, en fijar las directrices de coordinación de los medios aéreos e incluso en analizar la respuesta de los medios desplazados con análisis técnicos, tres tareas para las que ha llegado a cobrar más de 280.000 euros en un año.

La otra pata de esa fructífera unión empresarial, Inaer, también se beneficia de los contratos públicos para las emergencias en el mar, con el añadido de que disfruta de una ventajosa venta de dos helicópteros, anteriormente propiedad de la Xunta, cuyo coste de mantenimiento anual se paga 1,5 millones de euros más caro de lo que costaba cuando los aparatos eran de propiedad pública, al tiempo que se reducen las guardias presenciales obligatorias para los trabajadores.