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Los operadores de agua urgen a que se complete el plan de depuración

Las entidades de saneamiento dicen que las obras crean empleo y son más baratas que las multas

Depuradora de agua en Palomares del Río. Ampliar foto
Depuradora de agua en Palomares del Río.

El agua se paga: tiene una garantía de cobro de entre el 97% y el 99%. Por eso, se estableció hace tres años que cada recibo incluyera desde 2011 un canon de depuración con el que ir generando el fondo suficiente para ejecutar las 300 obras en estaciones de tratamiento necesarias en Andalucía para llegar a 2015 con el 100% de las aguas limpias, como ordena Europa.

A mediados de este año, la inversión se había elevado a 141 millones de euros en obras de saneamiento y depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma. Durante este periodo, la recaudación por el canon ascendió a 59,15 millones. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha obras que cuentan con inversión asociada global de 183,6 millones de euros

Pero quedan obras por hacer. Las entidades públicas agrupadas en la asociación Aeopas y las privadas creen que es una tarea urgente de quien asuma la Consejería de Medio Ambiente en septiembre, que ya no se puede esperar más y que el cumplimiento del plan supondría inversión y empleo. Pero difieren en el modelo.

Según el programa de la Junta, las mayores inversiones programadas corresponden a Málaga (390,1 millones de euros para 47 obras), Granada (373,04 millones para 69) y Almería (216, 95 para 38). Estas provincias requieren más gasto por la mayor dispersión de su población. El resto del plan de infraestructuras se reparte entre los 22 proyectos que se llevarán a cabo en la provincia de Cádiz (150,87 millones de euros); los 27 de Córdoba (106,6 millones); los 32 de Huelva (178,8 millones); los 37 de Jaén (164 millones), y los 28 de Sevilla (185,57).

En total, los planes de la Junta prevén una inversión a finales de 2015 de 1.765 millones y una creación de puestos de trabajo de más de 20.000.

Tanto los operadores públicos como los privados coinciden en que “ya es hora” y que las obras no se pueden retrasar más porque las sanciones y los costes por no depurar pueden llegar a ser más caros que las obras.

Las empresas privadas quieren participar de este proyecto por lo que, según un informe realizado por una consultora para la asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (ASA), la mejor opción es la colaboración con el sector público.

PSOE e IU coinciden en la urgencia del programa y alertan contra la privatización

Quien asuma la Consejería de Medio Ambiente este septiembre tendrá que tener el plan de depuración entre sus prioridades porque la fecha límite impuesta por Europa es 2015. En esto coinciden todos los partidos, aunque no todos prevén el mismo modelo para llevarlo a cabo.

El PP ha repetido provincia por provincia y pueblo a pueblo la crítica de que la recaudación del canon de depuración no se está invirtiendo.

El senador y secretario de Medio Ambiente del PSOE andaluz, Antonio Pradas, niega las críticas del PP y argumenta que ya hay una parte del plan invertido o comprometido. Explica que ha fallado la financiación que dependía de presupuestos públicos o de la UE, por lo que solo queda el canon y el dinero que puedan conseguir en el mercado los operadores. La ínfima tasa de impago y el hecho de que el agua es imprescindible deberían hacer fácil encontrar crédito.

“Ahí es donde el PP enseña la pata y quiere abrir la puerta a la privatización. Pero la Junta tiene que marcar la línea roja, igual que ha hecho en sanidad y educación”, advierte tajante Antonio Pradas, quien cree que detrás de la reforma de la ley local está facilitar la entrada de empresas en los servicios municipales, como los relacionados con el agua. “Se está creando el escenario perfecto para que las empresas privadas y el Gobienro central, curiosamente al unísono, incidan en la necesidad de fórmulas de actuación público privadas”, advierte Pradas.

“Apostamos por la ejecución de obras de acuerdo con los recursos de que disponemos. Esto conlleva firmas de convenios de colaboración financiera pero nunca cediendo la gestión de los servicios”, aclara Pradas quien afirma que ya hay experiencia en este campo y se potenciaría el sector de la construcción.

“Los consorcios pueden hacerlo y cualquier colaboración tiene que dejar claro que no es para vender”, señala.

De la misma opinión es el vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Antonio Casimiro, quien resalta que en la provincia se ha llegado ya a superar el 80% de la depuración y que se llegará a tiempo con el 100%. “Somos un modelo”, asegura para defender que el consorcio público es capaz de ejecutar los compromisos necesarios.

Manuel Baena, de Izquierda Unida, también tiene en la agenda de prioridades la depuración y exigirá un plan estratégico en este sentido a quien ocupe la Consejería de Medio Ambiente el próximo mes. “Es un asunto prioritario y hay que fijar cómo, cuándo y donde”, afirma.

Su formación ha preguntado en el Parlamento por las cifras actualizadas de ejecución de obras y recaudación del canon y estudia propuestas de soluciones sostenibles “que se salgan”, según dice, “de la órbita de las grandes empresas”.

Sin embargo, los operadores públicos cuestionan la participación del sector privado en un plan donde, según defienden, no debe haber más beneficios que el medioambiental y la creación de puestos de trabajo. “El agua y el saneamiento es un derecho humano y no una mercancía, como aprobó el Parlamento andaluz en febrero”, advierte el gerente de Aeopas, Luis Babiano. Según este, los operadores públicos tienen capacidad financiera y tecnológica suficiente para ejecutar el plan y garantizan que el objetivo final es el ciudadano y no los intereses de una empresa o grupo de empresas.

Las empresas públicas observan “riesgos” en la incorporación de entidades privadas a infraestructuras de depuración. En este sentido, alertan de que las empresas están interesadas en grandes instalaciones porque suponen mayor beneficio a menor coste. Sin embargo, Aeopas afirma que no son las más adecuadas para los municipios que se beneficiarán del plan, de menor tamaño que las grandes ciudades, que ya cuentan con estas instalaciones.

También alertan de que las empresas privadas, cuando el negocio falla, tienden a endosar el problema a la Administración. Y ponen de ejemplo a las autopistas de peaje sobre las que no se han cumplido las expectativas de uso.

Al mismo tiempo, aseguran que la búsqueda de un mayor beneficio suele generar políticas de ahorro en mantenimiento de unas instalaciones muy sensibles que terminan pagando los usuarios y sus municipios. En algunos pueblos, las empresas concesionarias se han beneficiado de la construcción de nuevas instalaciones por el abandono intencionado de las existentes, afirman.

Por último, los operadores públicos creen que la norma establece que la ley de Régimen Local otorga las competencias de suministro, alcantarillado y tratamiento a los municipios, por lo que no entienden que éstas se privaticen.

También rebaten los argumentos sobre la supuesta ineficacia de la entidad pública y ponen de ejemplo a Emasesa o Aljarafesa, las sociedades públicas de aguas de Sevilla, con unos indicadores de calidad superiores a los que presentan otras empresas privadas o mixtas.

Sobre la capacidad financiera, las empresas públicas aseguran tener la misma que las privadas. Y ponen de ejemplo los 85 millones de euros conseguidos por Giahsa, la sociedad de la mancomunidad onubense Mas.

Por el contrario, un informe para las empresas privadas firmado por el letrado Borja Llanza Primo de Rivera afirma que “la opción más acorde con la situación económica” es la colaboración público privada y propone “contratos de concesión, a los cuales se acudiría”, según argumenta, “dada la necesidad de financiación privada, lo que supone la ejecución por empresas privadas de estas obras, así como su posterior gestión durante años de tales infraestructura”. Termina la justificación de este modelo en que se “trasladaría en parte el riesgo de la inversión al concesionario”.

Aeopas insiste en que son capaces de acceder a la financiación y niega que exista ese “riesgo en la inversión” porque el usuario de agua tiene un elevadísimo nivel de cumplimiento y el servicio es irrenunciable, ya que ningún usuario prescinde del saneamiento y suministro.