Orillas sin responsables

Las muertes por ahogamiento de dos jóvenes, Diana Elizabeth M. C. y Joseline Ander W. C., de 13 y 14 años, han reabierto el debate sobre a quién corresponde la vigilancia y la señalización de los embalses y ríos de la región. En todos ellos está prohibido bañarse, salvo en el pantano de San Juan y en algunos puntos del río Alberche. Fuentes de la Comunidad de Madrid afirman que la competencia pertenece a la Guardia Civil. El instituto armado reconoce que sí entra dentro de sus atribuciones, pero recuerda que también pueden y deben intervenir los agentes forestales y las policías locales.

Diana Elizabeth y Joseline Ander fallecieron la tarde del pasado domingo tras bañarse a mediodía en el pantano. Las primeras investigaciones apuntan a que se fueron adentrando en el agua hasta que llegaron a una sima (especie de grieta) y se cayeron al fondo.

La competencia sobre las aguas está bien delimitada. Los ríos y los pozos subterráneos pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Tajo, mientras que los embalses son propiedad del Canal de Isabel II, salvo el de San Juan. Sus aguas se destinan al consumo humano, por lo que eso obliga a mantenerlos salubres. Precisamente, la empresa pública es la encargada de señalizar en los accesos a estas zonas que existen diversas prohibiciones, entre ellas la del baño y la acampada. Fuentes del Canal indicaron que las zonas cuentan con carteles que lo recuerdan. “La prohibición de bañarse existe y la gente debe cumplirla, pese a que no se recuerde con carteles cada ciertos metros. Los embalses son muy grandes y sería muy difícil señalizarlos por completo, sobre todo, porque las orillas cambian de un año a otro por las precipitaciones”, recordaron las citadas fuentes. “Es como si hubiera que poner un cartel de prohibido hacer fuego en todos los bosques. No se puede señalizar cada dos metros”, recordaron estas fuentes. Este periódico comprobó la tarde del domingo que todo el perímetro está vallado y que solo se puede acceder al pantano por determinadas entradas para pescadores. En algunas de ellas no existe esa señalización.

El segundo problema que ha hecho aflorar el accidente mortal es la vigilancia de estas zonas de recreo. Fuentes de la Comunidad de Madrid argumentaron ayer que el Canal de Isabel II es el gestor del agua de los madrileños y que no le corresponde la vigilancia de estas zonas. Esta empresa sí dispone de servicios de seguridad que protegen las instalaciones más importantes de los embalses, como las presas, los edificios y similares. Estos vigilantes suelen realizar rondas por los perímetros exteriores y los alrededores pero no controlan a los eventuales bañistas. “Se protege, sobre todo, la operativa del Canal”, recordaron las fuentes de la compañía propiedad de la Comunidad de Madrid. Las competencias recaen directamente entonces en la Guardia Civil, que es la encargada de la vigilancia de estas zonas de agua. En concreto, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Estos cuentan con vehículos especiales para circular por el campo, como motos o automóviles todoterreno. También podrían intervenir las patrullas de los diferentes puestos dentro de los que se encuentra el pantano. En este caso, Valdemorillo, El Escorial y Colmenarejo.

Fuentes de la Guardia Civil reconocen que la competencia sí es suya, aunque no en exclusiva. De hecho, los agentes forestales, encargados del medio ambiente, también podrían participar en este control de las aguas, según estas fuentes. Tienen capacidad sancionadora. Otro tanto pasaría con las policías locales, cuya competencia se amplía a todo el territorio municipal. “Igual que multan una infracción de tráfico podrían denunciar los incumplimientos de no bañarse”, reconocen fuentes del instituto armado.

El gran problema con el que se enfrentan las diversas administraciones es la gran extensión de terreno que ocupan los pantanos. Solo el de Valmayor, el segundo de la región por capacidad tras El Atazar, discurre a lo largo de 12 kilómetros y ocupa una superficie de 755 hectáreas. Todos estos datos se traducen en que es resulta muy difícil controlar al detalle la zona de no baño, en especial en días como el pasado domingo, cuando acudieron miles de personas a esta zona.

“Muchas veces nos ha pasado que le hemos dicho a la gente que no se bañara y, justo cuando nos hemos alejado, se han metido, pese a que es muy peligroso”, sostienen desde la Guardia Civil. “De todas formas, mucha gente vive en la Comunidad de Madrid y es imposible vigilar todas las zonas de recreo. Aparte de los pantanos, también hay muchos montes y áreas de recreo”, añaden. El domingo mismo, mientras los buzos de la Guardia Civil estaban rescatando los cuerpos, en la orilla contraria algunos jóvenes se estaban bañando, ajenos a todo lo ocurrido.

El capitán del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Carlos Martínez, explicó a este periódico que el rescate de los cadáveres es “el habitual” en una zona pantanosa. Este se caracteriza por una visibilidad nula, sobre todo por el fango que se había acumulado en el fondo motivado en parte por la cercana desembocadura de un río. “Los agentes van como con los ojos tapados, a ciegas, y van palpando el fondo. Además, como habían estado ya barcas y helicópteros moviendo el agua, la habían revuelto aun más”, reconoce el oficial de los GEAS.

Los buzos iban atados con cabos guías para saber en todo momento dónde estaban. Los cuerpos se hallaron en una sima de unos cinco metros y medio de profundidad, a unos 20 metros del lugar donde estaban en la orilla. “Lo que les debió de ocurrir es que entraron y, como no sabían nadar, cayeron a esa oquedad y no pudieron salir. A eso se une que pudo haber corrientes subterráneas que las arrastraran”, añade el capitán.

Las familias de las dos jóvenes acudieron ayer a mediodía al Instituto Anatómico Forense, en la Ciudad Universitaria, donde se informaron de los trámites que tienen que seguir para repatriar los cuerpos a Ecuador. Su intención es enterrarlas en Guayaquil, ciudad de la que son oriundas. Estuvieron pocos minutos en el instituto. De ahí se marcharon al Consulado de Ecuador para gestionar la salida de los cuerpos y al Ayuntamiento de Galapagar, por si los servicios sociales pueden sufragar los gastos del traslado. Este se podría efectuar esta semana si se concluyen los trámites judiciales y consulares. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial.

Los familiares salieron destrozados y evocando entre lágrimas los nombres de las niñas. Una de las madres estuvo a punto de caer desfallecida. Al final se metió en el coche entre sollozos consolada por otros allegados. El forense del juzgado realizó ayer las autopsias a los cuerpos.

La familia de Diana Elizabeth reside en Galapagar desde hace cerca de 15 años, mientras que la de Joseline Ander viven en Valencia. Esta había viajado desde allí para pasar las vacaciones con sus allegados. El sábado también habían acudido al pantano de Valmayor, según explicaron algunos amigos de ambas familias.