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La Comunidad vende 3.000 pisos de protección del Ivima por 201 millones

Goldman Sachs y Azora se hacen con 32 promociones inmobiliarias

Las compradoras abonan un 20% de sobreprecio sobre el precio de salida

Los inquilinos no notarán ninguna diferencia, según la Comunidad

Promoción IVIMA, en el PAU 4 de Móstoles. Ampliar foto
Promoción IVIMA, en el PAU 4 de Móstoles.

El Gobierno regional anunció ayer la venta de 3.000 pisos del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora por un importe de 201 millones de euros. Este precio es casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones de euros). En total son 32 promociones repartidas en 11 municipios madrileños y, según señaló la Comunidad en un comunicado, los actuales inquilinos no notarán “ningún cambio” en sus condiciones del alquiler y podrán ejercer el derecho a compra “al precio que ya conocen”.

El concurso para la venta de este lote de viviendas despertó el interés de una decena de fondos de inversión que participaron en la puja por hacerse con los inmuebles (32 promociones inmobiliarias). En la nota informativa remitida ayer, la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda ha explicado que los ingresos obtenidos se destinarán “a políticas sociales”.

Las casi 3.000 viviendas del Plan Joven son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes dependiendo del municipio y la superficie útil. Están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Majadahonda (332), Móstoles (259), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Navalcarnero (192), Arroyomolinos (127), Valdemoro (80), Collado Villalba (44), Leganés (36) y Tielmes (21).

A los 201 millones que la Comunidad va a ingresar por los 3.000 pisos hay que sumar un ahorro de 800.000 euros anuales de IBI y tasas municipales de recogida de basuras y cerca de 1,5 millones de euros que cuestan las viviendas en proceso de reparación, obras cuyo coste asumirán ahora Goldman Sachs y Azora.

El Gobierno regional calcula que esta operación generará alrededor de 170 puestos de trabajo directos e indirectos: 30 derivados de la gestión y administración de las viviendas, garajes y locales comerciales que integran esta cartera, otros 70 relacionados con la gestión de los servicios tales como conserjería, seguridad, comercialización, mantenimiento y reparación de estos inmuebles y 70 empleos más derivados de la explotación de los 42 locales comerciales ubicados en los bajos de estos bloques de viviendas.

Goldan Sachs es el primer fondo de inversión del mundo por activos y suma, con esta compra, 3.000 viviendas a sus más de 252.000 inmuebles en propiedad. La inversión total de este fondo en ladrillo asciende a más de 8.200 millones de euros. Por su parte, Azora es una de las mayores gestoras de activos inmobiliarios de España, con cerca de 2.150 millones bajo su administración.

En respuesta a preguntas de este diario, el secretario general del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, José Manuel Franco, denunció que el PP “vuelve a anteponer el negocio de unos cuantos, por lo general amigos suyos, al interés de los ciudadanos”. Su compañero de partido y diputado en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, incidió en que los inversores pagan unos 67.000 euros por piso, mientras que los jóvenes que viven en ellas van a tener que pagar “tres veces más” si ejecutan la opción de compra.

Carmen Villares, coordinadora de Área Territorial y diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid calificó la medida de “antisocial” y afirmó que su grupo político es “absolutamente contrario” a que estás viviendas pasen a manos de empresas “que únicamente buscan el lucro”. Además, según Villares, los inquilinos de estos pisos “no han recibido ninguna notificación” y se encuentran en situación de “inseguridad total”.

La diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid, Loreto Ruiz de Alda, apostilló que esta operación es fruto de la “pésima” gestión del Ivima “por parte del PP”. En su opinión, el Gobierno regional ha manejado “tan mal” el Instituto de la Vivienda que ahora tienen que vender los pisos “a precio de derribo”.

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