Calparsoro: “No es lo más imparcial que un magistrado milite en un partido”

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que "no es lo más imparcial que un magistrado milite en un partido" ni "lo que más legitimidad social" puede dar al Tribunal Constitucional (TC), en referencia a la polémica surgida después de que se conociera que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, militó durante un tiempo en el PP tras su nombramiento al frente del alto tribunal.

Para Calparsoro, aunque "es difícil", se pueden buscar "fórmulas para dar más garantías de total independencia" al Constitucional. El máximo representante de la Fiscalía en Euskadi ha destacado que "está claro que los jueces y fiscales" que forman parte del ministerio público y del poder judicial "no pueden formar parte de partidos políticos ni de sindicatos". "Los fiscales y jueces no militan en ningún partido porque está prohibido. Si alguno que está ejerciendo milita en algún partido o sindicato, está incurriendo en una infracción disciplinaria clara y grave. Otra cosa es que hayan podido militar en el período en que no eran magistrados o que, mientras no ejerzan, pueden militar, pero mientras estén ejerciendo, es incompatible", ha manifestado.

No obstante, ha dicho que, "en el caso del Tribunal Constitucional", desconoce "exactamente la interpretación que tendrá que dar el propio TC sobre si se puede o no militar en un partido político, pero, desde luego, no parece que es lo más imparcial que un magistrado lo haga", ha añadido, para recordar que Pérez de los Cobos ya se ha dado de baja como afiliado de la formación popular.

Calparsoro cree que el presidente del TC "no debería militar" en ninguna formación política, pero ha puntualizado que "otra cosa es que legalmente esté prohibido". "Está claro que un juez o un fiscal lo tenemos prohibido, no podemos militar porque es motivo de expulsión o de sanción", ha añadido. Tras señalar que no ha estudiado en profundidad si puede hacerlo un magistrado del TC, ha afirmado que su idea, en principio, es que "es incompatible". "La prueba es que esta persona ya no forma parte de este partido político", ha añadido. Además, ha señalado que "hay otros magistrados que en su tiempo formaron parte de un partido político y, luego, fueron nombrados por su condición de juristas". "Ahora, mientras forman parte del Tribunal que, al mismo tiempo estén militando, me parece incompatible. Será el propio tribunal el que tenga que valorarlo", ha indicado.

Es normal que la Generalitat catalana pueda pensar en pedir la recusación de Pérez de los Cobos"

Calparsoro ha considerado que es "normal" que la Generalitat catalana pueda pensar en pedir la recusación de Pérez de los Cobos si considera que el hecho de pertenecer a un determinado partido político, "que tiene una postura determinada, pueda condicionar una decisión". En su opinión, "la posibilidad de recusarle está dentro del ordenamiento jurídico y es tan legítima como no recusarle" porque "forma parte del proceso y de sus garantías, y más en un caso como el del Tribunal Constitucional.

El fiscal Calparsoro ha subrayado, asimismo, que "es difícil" modificar el sistema de elección de los miembros del TC, aunque sí cree que pueden "introducirse mejoras, como darle un carácter más duradero al cargo y preservar más su imparcialidad". "Sin duda alguna, se podrían encontrar fórmulas para darle una mayor sensación o impresión de independencia", ha indicado. Tras señalar que los magistrados propuestos por los grupos pueden tener, "de alguna manera, un cierto condicionamiento hacia los grupos que le han propuesto", ha considerado que "también hay que confiar un poco en la honradez, honestidad y probidad o en el rigor de los magistrados" para que actúen "al margen de presiones y de posibles influencias". "Estoy convencido de que, en la mayoría de los casos, es así", ha indicado. No obstante, ha apuntado que, pese a que "su estatus de magistrados les preserve de cualquier tipo de presión o influencia", se pueden buscar fórmulas dirigidas "a mejorar la imparcialidad, la autonomía de cualquier tribunal, sin dejar de reconocer la legitimidad que tienen los órganos parlamentarios, incluso el Gobierno o el CGPJ para proponer a los magistrados".

Por último, ha considerado que "nadie discute que un cargo de la relevancia del presidente de un TC tiene que cuidar con máximo cuidado su propia imagen de imparcialidad y, en este sentido, es una obligación que conlleva el cargo, es un deber ético, otra cosa es que sea un deber legal".