Ascienden a cien los detenidos de una red de matrimonios de conveniencia

La Guardia Civil ha cerrado una operación lanzada en junio contra una organización internacional dedicada a regularizar inmigrantes de modo fraudulento. Un total de 101 detenidos, entre ellos los principales cabecillas de la organización —en un principio se había informado de 70—, es el resultado de la Operación Frontex, que ha permitido la desarticulación de un complejo entramado delictivo dedicado a matrimonios de conveniencia, ha explicado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La banda había facilitado unas 70 uniones ilegales gracias a cinco empresas pantalla y a contratos de trabajo falsos.

Las investigaciones comenzaron a raíz de unos panfletos colocados en Tres Cantos, en los que se ofrecían hasta 150 euros por empadronar a personas en determinados municipios. También se encontraron en Valdemoro y coincidía la letra manuscrita. La Guardia Civil del puesto principal de Tres Cantos inició las pesquisas que permitieron descubrir que detrás había una organización criminal. Estas actuaciones coincidieron con que el Ayuntamiento de Valdemoro presentó denuncia por los mismos hechos y se judicializaron las actuaciones, según ha explicado el alférez jefe del puesto de Tres Cantos, Abel Marín Seoane.

La banda estaba formada principalmente por diez personas y cada uno tenía una especialidad. Se buscaban municipios en los que los Ayuntamientos no pusieran muchas trabas para hacer matrimonios. Se habían centrado en Tres Cantos, Valdemoro y Horcajo de la Sierra. Cobraban a sus clientes, en su mayoría hombres de origen marroquí, entre 5.000 y 10.000 euros. La primera cantidad correspondía a personas que ya se encontraban en el territorio español y la segunda si tenían que viajar desde países de fuera de la Unión Europea.

Una vez que habían localizado los Ayuntamientos que facilitaban el matrimonio, alquilaban una vivienda y empadronaban a las mujeres que iban a casarse con los hombres de nacionalidad marroquí. A través de las empresas pantalla, las contrataban y las daban de alta en la Seguridad Social para dar la apariencia de que tenían medios económicos suficientes para vivir en España. Tras el enlace, conseguían la tarjeta de trabajo en la Unión Europea.

Las mujeres eran captadas por tres miembros de la organización (dos españolas en Getafe y un uruguayo que tenía un despacho de abogados en la misma localidad). Las mujeres que accedían recibían 1.500 euros. Los hombres procedían en su mayoría de Tánger y Casablanca, aunque también hay algunos que ya estaban el territorio español. Tan solo se ha detectado por parte de la Guardia Civil el matrimonio de una mujer colombiana con hombre español.

El alférez Marín ha agradecido la participación de la Oficina Central de Extranjería de la Delegación del Gobierno. “Han colaborado quitando todas las trabas administrativas y burocráticas. Vamos a conseguir revocar todas las tarjetas que han conseguido y que no se concedan las que estén en curso”, ha añadido el mando del instituto armado.

Los principales cabecillas ingresaron en prisión tras ser detenidos, pero ahora están en libertad con cargos y con la obligación de comparecer en sede judicial. Están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, blanqueo de capital, estafa y organización criminal.