La Comunidad se queda con todo el poder de decisión sobre la Cañada Real

La Cañada Real ya está en manos de la Comunidad de Madrid, que desde el 4 de julio puede decidir unilateralmente el futuro de esta franja por la que antaño trashumaban las ovejas y que desde hace medio siglo es el mayor asentamiento irregular de la región, con 7.725 habitantes censados.

El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP), aprobó una ley el 29 de marzo de 2011 por la que se desafectaban esos terrenos. Se abría un plazo de dos años para pactar una solución de consenso con los tres municipios que cruza (fundamentalmente, Madrid, con casi 13 kilómetros y un ancho de 40 a 80 metros; Rivas, con tres kilómetros; y Coslada con 900 metros) y la Delegación del Gobierno.

Todas estas Administraciones las gobierna el Partido Popular, con la excepción de Rivas, de Izquierda Unida, pero los dos años de negociaciones crearon dos bloques con puntos de vista enfrentados: por un lado, la Comunidad, con el respaldo total de Coslada y de la Delegación, y por el otro Madrid y Rivas. Ya antes, la ley había sido aprobada con la oposición de los tres municipios, y del Partido Socialista e Izquierda Unida en la Asamblea. El punto de fricción durante las negociaciones fue el plan social para realojar a las miles de personas a las que habría que desplazar de las infraviviendas que ahora ocupan, en especial en el sector VI, que discurre íntegramente por la capital.

La Comunidad de Madrid asegura: “Es cierto que se ha producido un retraso, pero el acuerdo está a punto de firmarse y mantendrá el espíritu de consenso con el que se inició la mejora de la Cañada Real; de hecho se han incorporado las propuestas hechas por las diferentes Administraciones”. Eso sí, no se da fecha alguna para la presentación del proyecto, ni se avanza cómo se solventarán las opiniones enfrentadas entre todas las partes en conflicto.

Tanto Madrid como Rivas consideran imprescindible cerrar un plan social que garantice una salida digna para los habitantes de la Cañada antes de ponerse a decidir qué hacer con el suelo que quedará libre. La Comunidad, sin embargo, presentó en enero, como si fuera el bálsamo de Fierabrás, un vídeo de tres minutos y pico que bautizó como plan urbanístico para la Cañada y que apostaba por vender el suelo donde se asientan las viviendas, ahora irregulares, a sus dueños. Rivas y Madrid pusieron el grito en el cielo, y eso fue lo último que se supo de las negociaciones. Pocas semanas después, se presentó un plan de seguridad que era más bien una declaración de intenciones —cuatro folios sin plazos ni datos concretos—, aunque la Delegación lo consideró suficiente. A ese acto ya se negó a acudir Rivas.

Del plan social nada se sabe. La falta de consenso ha impedido alcanzarlo, pese a que es el único requisito recogido expresamente en la ley. El artículo 3 permite a la Comunidad “enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio” los terrenos de la Cañada, “preferentemente a los Ayuntamientos” y si no “a terceros”. Durante el citado plazo de dos años, se exigía “que previamente las Administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social”. Además, esos dos años debían servir para que los Ayuntamientos, “después del acuerdo”, definieran los usos del suelo (residencial, industrial, etcétera). Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido.

El acuerdo social es la clave de bóveda del futuro de la Cañada, puesto que gran parte de sus moradores no podrán comprar las chabolas en las que viven (muchas se alzan sobre terrenos no urbanizables, tienen condiciones insalubres, amenazan ruina...).

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Rivas mantienen su postura: la desafección no puede llevarse a cabo sin que se apruebe antes el plan social. Sin embargo, fuentes municipales reconocen que “está todo parado”. El alcalde de Rivas, José Masa, se ha negado incluso a negociar hasta que la Comunidad acepte que “un plan serio de intervención social” debe anteceder al diseño urbanístico. En enero, tras presentar su propuesta urbanística sin haber acordado antes el plan social, el presidente regional, Ignacio González, afirmó: “Va a tener que aceptar el plan, va a tener que ver que es el único remedio”.

La propuesta de la Comunidad pasa por vender el suelo a sus moradores a un precio razonable (que no se ha fijado o desvelado, tal y como denuncian los vecinos), y confiar en que promotores privados compren el resto en el que ahora no vive nadie a mayor coste. El dinero recaudado se invertiría en la urbanización (asfaltado, saneamiento, suministro eléctrico, etcétera). El problema es que el precio de venta debe ser reducido para que sea accesible para familias con recursos limitados, y según el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, a menor coste, peores calidades.

Eso enoja al Ayuntamiento de Madrid, que considera que todos los vecinos de la ciudad, independientemente de dónde vivan, deben tener los mismos servicios.

Pero urbanizar es caro: en el tramo de la capital costaría cerca de 250 millones, a lo que se sumarían otros 100 millones para realojo de las familias que no pudieran permanecer en sus viviendas. La venta de parcelas a los vecinos no costearía ni de lejos esas cantidades, por lo que la única salida para cuadrar las cuentas sin tener que tirar de dinero público sería que, del millón de metros cuadrados de superficie que tiene la Cañada, la parte que no está ocupada de forma irregular y que se catalogue como residencial interesara a promotores privados.

Este problema afecta fundamentalmente a la capital. En la zona de Coslada viven 927 personas, pero la Cañada está integrada en el casco urbano y no hay apenas chabolismo. “Nosotros no estamos en la misma situación que Rivas o Madrid. Lo que ha presentado hasta ahora la Comunidad nos parece bien”, señalan fuentes municipales. La Delegación del Gobierno también apoya al Ejecutivo autonómico y quita importancia a que haya expirado el plazo para negociar: “Se trata de una previsión establecida en la ley que no influye ni tiene por qué hacerlo en los aspectos relacionados con la seguridad, en los que se está trabajando en el marco del protocolo firmado en febrero con la Comunidad y los Ayuntamientos de Coslada y Madrid”.

La Comunidad prometió en 2009 “una solución definitiva y consensuada” al problema de la Cañada Real. Han pasado cuatro años y el consenso parece complicado. Ahora sólo depende del Gobierno regional forjarlo.