La Generalitat no asume errores en el caso del pederasta de Castelldans

“No quiero hablar de errores, aún. Si detectamos algún error interno, hablaremos y depuraremos todas las responsabilidades”, aseguró ayer la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, quien compareció ante los medios para dar explicaciones sobre el caso de David D., el educador social de Castelldans (Les Garrigues) que acogía niños tutelados de la Generalitat y que fue detenido por posesión de material pornográfico infantil y por un presunto delito de abusos sexuales.

Sin un ápice de autocrítica, la consejera volvió a repetir que durante los 16 años en que Donet acogió niños no se había detectado ningún indicio de abusos. En este tiempo dio cobijo a 14 menores y fue controlado muchas veces por la fundación Concepció Juvanteny, entidad que gestionaba su caso. Los inspectores de esta entidad realizaron hasta 34 informes de control sobre los menores. Para asegurarse que estos informes no incluyen algún detalle que los expertos hubieran pasado por alto, Bienestar Social abrió la semana pasada un expediente informativo a la entidad.

Hasta que no se conozcan las conclusiones de este informe, Munté aseguró que no tomará ninguna medida, ni contra la fundación ni respecto a todo el proceso de adjudicación y control de las familias acogedoras. Después de hora y media de comparecencia y bajo la incesante lluvia de preguntas de los periodistas, la consejera laxó su firmeza. “Tampoco podemos decir que todo se haya hecho bien”.

Las futuras familias acogedoras pasarán un test psicotécnico

Lo que sí avanzó la consejera de Bienestar Social es que a partir de septiembre se implantará un test psicológico Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2) para los nuevos solicitantes. “Ningún test puede detectar casos de abusos, pero sí si existen patologías. Así queremos reducir al mínimo los riesgos”, justificó. Actualmente los solicitantes se someten a entrevistas presenciales con psicólogos y solo en algunos casos, a indicaciones de los expertos, se pasa un test. Munté aclaró que la introducción del test estaba prevista antes de que estallara el caso de Castelldans.

La consejera no dio apenas explicaciones, ya que el caso está bajo secreto de sumario ni tampoco se ha finalizado el expediente interno. Munté no pudo responder qué ha fallado en el proceso para que durante todo este tiempo nadie detectara nada y se limitó a subrayar que se trata de un “caso único” en un sistema de acogida que durante 16 años ha implicado 2500 familias, que han cobijado 2400 niños titulados.

Munté añadió que el sistema “funciona bien” y lo ejemplificó explicando que en uno de los controles se detectó desorden en el hogar del detenido y se le puso una persona que le ayudara en la limpieza. Y añadió que desde que existe el programa de acogida a tres familias se les ha retirado los menores después de detectar indicios de “negligencia”, que no tenían relación alguna con abusos sexuales, ha aclarado.

Exempleadas del detenido aseguran que las inspecciones eran “superficiales”

Una opinión meridianamente diferente tienen en Castelldans, donde residía David D. Aquí algunas voces que cuestionan los mecanismos de control establecidos por la Generalitat.Pilar, una vecina que trabajó durante dos años en tareas domésticas en casa del presunto pederasta, explica que durante ese tiempo no notó nada extraño en su comportamiento ni vio la presencia de los inspectores de la fundación. Estos se encargan de elaborar los informes sobre la situación de los chicos. Unos documentos que llegan posteriormente a las oficinas del Departamento de Bienestar y a la Fiscalía de Menores.

Otra vecina asegura que trabajó en el hogar de David D. dos días por semana durante los primeros años en que este educador social tenía niños acogidos. “Los evaluadores”, relata, “siempre venían a media mañana, cuando los niños estaban en el colegio. Por eso no vieron nunca si estaban bien atendidos. David sabía qué día vendrían a hacerle el informe y procuraba tenerlo todo en orden para no levantar ninguna sospecha”, tercia.

Según esta vecina, los controles fueron “muy superficiales y rutinarios”, por lo que si se hubieran entrevistado con los niños acogidos “habrían visto que no estaban bien cuidados, que iban sucios, que no se llevaban el bocadillo para la hora del patio, que estaban por la calle hasta altas horas de la noche y que no participaban en actividades escolares o excursiones por problemas de dinero”, concluye.