El fiscal afirma que los malversadores de Ferrocarrils no se han arrepentido
El tercer grado es “absolutamente prematuro” Herce y Roig actuaron como delincuentes “de cuello blanco”
La fiscalía ve “absolutamente prematuro” que se haya concedido el tercer grado a Enric Roig y Antoni Herce, los dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) condenados a cuatro años y medio de cárcel por malversar 2,7 millones de euros. Apenas 48 días después de haber ingresado en la prisión de Quatre Camins, el Departamento de Justicia concedió el pasado lunes el régimen de semilibertad a Herce y Roig, que ahora solo acuden a dormir al centro abierto de la Trinitat de Barcelona. En su recurso contra esa decisión, el fiscal de vigilancia penitenciaria argumenta que el esfuerzo de los dos condenados por reparar el daño causado a las arcas públicas es “notoriamente insuficiente”.
El fiscal cita unos informes penitenciarios en los que se pone en duda que Roig y Herce se hayan arrepentido realmente de lo que hicieron. Ambos actuaron con “afán de lucro” y su función al frente de la empresa pública de la Generalitat “se enmarca en la llamada delincuencia de cuello blanco”. “El arrepentimiento” de los expresidentes, siguen los informes a los que alude el fiscal, “se debe más al temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva”.
El régimen de semilibertad “carece de fundamento y finalidad” y es, según el fiscal, “excepcional” cuando los condenados no han cumplido la cuarta parte de la pena. Las ocho horas que Herce y Roig pasan en la Trinitat ofrecen “escasísimas posibilidades reales de tratamiento” para reinsertarlos. La decisión “vacía de contenido” la sentencia. Fuentes de la defensa de los expresidentes señalan que su situación personal y familiar es delicada —Roig tiene 78 años y está enfermo— y justifica la concesión del tercer grado.
El principal motivo que esgrime el fiscal es que los ex altos cargos no han devuelto los 2,7 millones de responsabilidad civil por los que fueron condenados, sino apenas una cuarta parte de ese dinero. Las defensas argumentan que ese dinero fue a parar también a manos de otros exdirectivos de Ferrocarrils. Éstos figuraron como partícipes a título lucrativo, aunque no fueron condenados. El hecho de que se hayan declarado insolventes “no implica necesariamente que se decrete la imposibilidad de pago”, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona.
El consejero de Justicia, Germà Gordó, defendió ayer la decisión de la Generalitat y dijo que sólo obedecía a criterios técnicos, no políticos. Gordó anunció que la próxima semana irá al Parlament a dar explicaciones y negó que existiera trato de favor. Fuentes penitenciarias, sin embargo, explicaron ayer que los días 21 y 22 de mayo, cuando Roig y Herce acudieron a Quatre Camins, lo hicieron acompañados de José Luis Valdivieso, subdirector general de Prisiones, un hecho insólito cuando un ciudadano entra voluntariamente en la cárcel.
Una rapidez insólita
No es la primera vez que la Generalitat concede el tercer grado a presos conocidos, pero nunca había sido tan tempranero. Casi siempre fueron anulados por los jueces.
- Luis Pascual Estevill. Tras cumplir más de dos años por una condena de nueve, el exjuez prevaricador obtuvo el tercer grado en 2008. El fiscal recurrió y el TSJC lo revocó.
- Joan Piqué Vidal. El abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana obtuvo el tercer grado en diciembre de 2006 a los dos meses y medio de entrar para cumplir siete años. La justicia lo tumbó y logró la libertad a los tres años.
- Javier de la Rosa. A los 26 días de entrar por el caso KIO para cumplir 20 meses le dieron el tercer grado con el aval judicial. En 2004 tardó 10 meses en lograr la misma medida por una pena de cinco años.
- Josep Puigneró. Al empreario se le concedió el tercer grado en 1997 a los dos meses de entrar para cumplir cuatro años. El juzgado lo revocó.
- Carlos Navarro. El exdiputado socialista logró el régimen abierto en 1998 a los dos meses de entrar para cumplir 11 años por el caso Filesa. La justicia se lo denegó.
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