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CAM, la caja que “arrastró los pies”

La cúpula de la entidad no fue activa en buscar una salida, dice el expresidente del FROB.

La oposición reclama a tres consejeros de Economía que Ariztegui citó

Francisco Javier Ariztegui (derecha), en la comisión de la CAM en las Cortes Valencianas.
Francisco Javier Ariztegui (derecha), en la comisión de la CAM en las Cortes Valencianas.

La cúpula de la Caja Mediterráneo (CAM) no fue “suficientemente proactiva” para resolver unos problemas de viabilidad que alcanzaron a finales de 2009 una envergadura de “difícil digestión”, según el que fue subgobernador del Banco de España y expresidente de la comisión ejecutiva del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Francisco Javier Ariztegui. Cuando la entidad buscó la vía de la fusión fría con otras cajas, con la creación de un sistema institucional de protección (SIP), ya en 2010, la CAM “arrastró los pies en el proceso” y, al final, “se quedó sola”. Entonces, el Banco de España pidió a la caja un plan para recapitalizar 2.800 millones, que era “una cantidad tremenda”. No lo consiguió.

Ariztegui hizo esta descripción este lunes en la comisión de las Cortes Valencianas sobre la intervención de la CAM, en la que previno a los diputados de que el Banco de España le había advertido sobre el “deber de reserva” en su comparecencia.

El expresidente del FROB recordó que, inicialmente, no se pensó que el organismo pudiera “mantener posiciones accionariales” en las entidades intervenidas. Solo se preveía que actuara mediante cuotas participativas. En febrero de 2011, sin embargo, se estableció que cualquier capitalización pública se haría “exclusivamente por la vía de la suscripción de acciones, previa transformación de las cajas en bancos”.

Ariztegui explicó los mecanismos de intervención y recordó que la drástica decisión es “responsabilidad única y exclusiva del Banco de España”. También justificó que se vendan las entidades intervenidas. “El Estado no ha mostrado interés en mantener posiciones accionariales permanentes en las entidades apoyadas”, comentó.

“No tenemos el poder de un juez”

A. B., Valencia

“No tenemos el poder un juez, no podemos expropiar el despacho del director general”, advirtió en la comisión de la CAM en las Cortes Valencianas el que fuera director general de supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, que añadió: “Lógicamente, cuando entra el FROB, tenemos acceso a información que nos había sido vedada”.

El exdirectivo del banco supervisor coincidió con el que fuera subgobernador y presidente del FROB, que había comparecido antes, en que la situación de la CAM, en un momento determinado, era “reversible” si sus responsables hubieran actuado con “determinación”.

Martínez Tello relató lo ocurrido durante la época de la burbuja, con un "comportamiento gregario", sobre todo en el sector de las cajas de ahorros, que llevó a una expansión anómala de la red de sucursales y a una participación en el negocio inmobiliario para la que no estaban preparados sus directivos. “Debieron implantarse medidas macroprudenciales” en relación con los riesgos, aventuró. Y destacó que el Banco de España impuso estándares de provisión de insolvencia superiores a otros países.

Una vez se centró en el proceso supervisor de la CAM, indicó que el Banco de España envió varias comunicaciones a la CAM aconsejando que adoptara medidas. “La persuasión supervisora no tuvo el efecto deseado en la CAM”, indicó Martínez Tello. En 2008, el escenario de la crisis era de “aterrizaje más o menos suave y de ajuste graduado”, comentó. Se aumentaron las coberturas y se inició la reconversión del sistema bancario. “Solicitamos a bastantes cajas, también a la CAM, su valoración”, dijo Martínez Tello. Y añadió: "Algunas entidades no parecían visualizar con claridad los problemas".

"A mediados de 2009 se tuvo la percepción de que era muy difícil que la CAM, por sus propios medios, pudiera hacer frente a los retos", explicó Martínez Tello, que añadió que esa percepción se comunicó a la dirección de la entidad. El proceso de supervisión directa, al final, llevó a la intervención de la CAM en julio de 2011.

“No había una decisión tomada sobre la CAM”, dijo el exdirectivo en respuesta a las insinuaciones del diputado del PP Vicente Betoret sobre la posibilidad de que se buscara con ello “una medida ejemplarizante”.

Sobre el caso concreto de la CAM, dijo que, tras intervenirla el FROB en julio de 2011, y después de estabilizar la caja, el Banco CAM arrojó un valor “cero o negativo”. Recordó que fue el Fondo de Garantía de Depósitos el que se hizo cargo de apoyos por un total de 5.249 millones de euros. Banco Sabadell fue el adjudicatario de la CAM en diciembre de 2011 y asumió la entidad en junio de 2012. “Quiero agradecer a los consejeros Camps, Verdeguer y Buch la colaboración que en todo momento me prestaron para llevar adelante el saneamiento de la CAM sin menoscabo para los clientes y acreedores”, añadió Ariztegui, en alusión a los tres últimos consejeros de Economía de la Generalitat Valenciana.

“¿Qué le parece que no vengan aquí?”, le preguntó Mireia Mollà, de Compromís, en referencia a los exconsejeros mencionados. El socialista Ángel Luna, a su vez, exhibió un recorte de prensa en el que se informaba de que el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, compareció en el Parlamento a explicar lo ocurrido con las cajas gallegas, mientras el PP se ha negado a que pasen por las Cortes los titulares de Economía.

La oposición cargó por ello contra la actuación del Consell. Lluís Torró, de Esquerra Unida del País Valencià, dijo no entender cómo pudo venderse la CAM por un euro. Y Vicente Betoret, del PP, coincidió con Luna al preguntar sobre el papel del Banco de España en la ruptura del SIP de la CAM con las cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura, algo que precipitó la intervención de la caja alicantina.

Betoret añadió una consideración sobre la responsabilidad del Banco de España y tachó de “desafortunadas, por no calificarlas de irresponsables” las declaraciones que en su día hizo su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el sentido de que la CAM era “lo peor de lo peor”. Ariztegui no quiso pronunciarse sobre lo que dijo Fernández Ordóñez en su momento, pero calificó de “fantasía” y “leyenda urbana” cualquier sospecha de que la CAM fue intervenida por motivos políticos.

“Entidades privadas ayudan al FROB a estimar un valor [de las cajas intervenidas] porque en el mundo financiero es la tecnología que existe”, justificó Ariztegui sobre el hecho de que se pidiera informes de la CAM a tres entidades internacionales. “Son los grandes especialistas”. Pero puntualizó que “el valor se determina en un proceso de venta”. En la de la CAM se contactó hasta con 70 entidades, recordó. Por otra parte, los 5.249 millones del Fondo de Garantía de Depósitos aportados proceden de los clientes del sistema bancario español, añadió para rebatir que se haya producido un “expolio” del sistema financiero valenciano, como apuntó Torró.

En el proceso de venta de la caja se contactó hasta con 70 entidades

“La CAM, obviamente, no aprovechó el proceso”, prosiguió Ariztegui, aludiendo a los mecanismos de superación de la crisis puestos en marcha por el Banco de España. “El Banco Base lo eligió ella”, indicó, en referencia al SIP finalmente fracasado. Y añadió que “Banco CAM no fue demasiado entusiasta de las opciones que tenía”. Por otra parte, puntualizó que “el SIP no se llegó a constituir”, ya que tenía una cláusula suspensiva que lo condicionaba a la cesión efectiva de los activos y pasivos. Por ello, el Banco de España “no tuvo que autorizar ni desautorizar” su ruptura. “No tenemos una voluntad masoquista”, alegó Ariztegui sobre la decisión de intervenir. “El Banco de España prefiere siempre otras opciones antes que la intervención”.

Sus explicaciones por el agradecimiento público a los consejeros de Economía de la Generalitat, en las que dijo que “fueron interlocutores razonables” y que llegó con ellos a “acuerdos para evitar momentos verdaderamente dramáticos”, echaron más leña al fuego para que la oposición preguntara de qué se habló. Mollà anunció que volverá a pedir que comparezcan los cargos políticos del Consell y Luna inquirió qué “momentos dramáticos” fueron esos.

Ariztegui respondió que tuvo conversaciones en su despacho y por teléfono con los consejeros valencianos aludidos y argumentó que las comunidades autónomas tienen un “deber de protectorado” sobre las cajas, y el Banco de España una función de supervisión. “Deben cooperar”, añadió. “Y así ha sido con esta y con todas las comunidades”.