El excontable de Emarsa niega haber cogido dinero de la caja

El excontable y exjefe de Compras de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) Santos Peral ha negado ante el juez del caso Emarsa que cogiera dinero de la caja, que se llevara documentos o que pagara cenas del PP de Valencia con dinero de la depuradora de Pinedo. Al respecto, ha dicho este miércoles ante el juez: "Eso nunca, y más con mis creencias". Asimismo, ha mantenido que el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senent, nunca le pidió dinero de la entidad.

Peral, quien también ocupó hasta mayo el cargo de secretario general del PP del distrito de Patraix, se ha pronunciado de esta manera en su declaración, en calidad de imputado -por presunta malversación-, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

A Peral se le atribuye haber cobrado sobresueldos mensuales de entre 400 y 1.000 euros por su "silencio" sobre los presuntos delitos que se estaban cometiendo en la depuradora. El imputado ha explicado que empezó a trabajar en Emarsa en julio de 1999, y se encargó de la contabilidad. Con la llegada de Esteban Cuesta como gerente de la entidad ha indicado que se produjeron algunos cambios. Así, dejó de llevar la contabilidad de alguna empresa como la de Microprocesadores Valencia, el libro de contabilidad o el IVA.

Ha señalado que en ese momento en su departamento desconocían el número de proveedores que llevaba Cuesta o el ex director financiero, Enrique Arnal, y ha señalado que se percataron de este extremo cuando aparecieron unos archivadores "completamente hinchados de facturas". "Suponemos que eso lo habría contabilizado Enrique Arnal, pero no lo sabemos tampoco", ha dicho.

Asimismo, Peral, quien ha negado que tuviera conocimiento de que sus superiores jerárquicos estaban cometiendo algún tipo de irregularidad, ha señalado que a los dos o tres meses de entrar Cuesta, el departamento de contabilidad dejó de llevar las conciliaciones bancarias, y se le asignó solo una entidad. Al preguntarle por este asunto a Arnal, le respondió que eran "órdenes" que había recibido, ha señalado. "Fue una orden", ha agregado.

Además, ha mantenido que para pagar cualquier cosa de facturas o de todo lo que tuviera que pagar, se pedía la autorización a Arnal. "Tenía que estar la autorización de Enrique Arnal para poder hacer el pago y se le pasaba al gerente para su firma", ha puntualizado.

Peral también ha indicado que el gerente era el que tenía autorización para disponer del dinero de caja, "previa firma de cualquier documento que me presentara para poderlo cobrar", ha dicho. Sobre este tema, ha señalado que Cuesta le daba tiquets y "muchas veces" le dijo: "Aún me cuesta dinero a mí porque he perdido muchos tiquets".

En relación con este último asunto, el imputado ha agregado que Cuesta le indicaba que los recibos eran por comidas de trabajo. "Varias veces" le señaló que eran "muchas comidas", y Cuesta le contestaba, según su versión, que era para "conseguir dinero" y "poder pagar las nóminas a los trabajadores y a los proveedores".

También ha comentado que Cuesta le decía que algunas comidas eran del expresidente y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y ha agregado que la secretaria, Marisol, también le traía en un sobre facturas de comida de este último.

En relación con subvenciones al Ayuntamiento de Benimàmet, asociaciones de esta pedanía o al de Pinedo, ha explicado que nunca pensó que esto pudiera ser ilícito. "Con el anterior gerente, García Besó, también se daba dinero para Pinedo, para lo del Ayuntamiento, porque decían que estaban soportando los olores que procedían de la planta", ha dicho.

Sobreseimiento a dos imputados

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, ha sobreseído la causa contra Leonor Moreno -asesora jurídica y una de las personas acusadas de cobrar de Emarsa pese a no prestar servicios- y Juan Manuel García -administrador único de Técnicas de Gestión y Comunicación, SL- en relación con presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que se estima la solicitud del ministerio fiscal de acordar el sobreseimiento provisional y parcial de la causa contra Moreno y García por presunta cooperación necesaria de los delitos contra la Hacienda Pública.

Contra Leonor Moreno ya se había sobreseído su presunta cooperación en los delitos contra la Hacienda en relación con el IVA del ejercicio 2006. Sin embargo, seguía instruyéndose respecto a los años 2007, 2008 y 2009. Asimismo, contra Juan Manuel García también se había sobreseído respecto al año 2006, y seguían investigándose los periodos 2008 y 2009.

Ahora, el magistrado mantiene que "parece claro" que las cuotas del IVA soportado incluidas en las declaraciones de la empresa pública fueron declaradas por Moreno a la AEAT, "al haber incluido las mismas como cuota de IVA repercutido en las correspondientes autoliquidaciones, realizando después el oportuno ingreso de la cuota resultante de la liquidación".

Asimismo, señala que Juan Manuel García incluyó en las declaraciones de IVA de la mercantil Técnicas de Gestión y Comunicación, SL las cuotas de IVA repercutido en las factura emitidas a Emarsa, "ingresando la cuota resultante de las declaraciones".

Ante estos datos, el juez indica que el "cumplimiento íntegro" de las obligaciones fiscales por parte de ambos "permite concluir que no se ha acreditado debidamente" que colaborasen con los responsables de la gestión y administración de Emarsa en la defraudación a la Hacienda Pública investigada, por lo que acuerda su sobreseimiento.

Por otro lado, en una providencia diferente, se señala que la fiscal del procedimiento ha solicitado que se dicte el sobreseimiento provisional contra Víctor Manuel García -propietario de Construcciones y Reformas Rocafort y Mantenimientos Valmasark-; y contra cuatro personas relacionadas con Construcciones Rocafort: Javier García Martínez; Juan Manuel Martínez; José Carlos Millán; y Emyl Sotoyanov Georgiev.