Las Cortes aprueban una declaración contra los ataques a sedes de partidos

Las Cortes Valencianas han acordado, por unanimidad de los grupos, hacer un llamamiento al "respeto y a la convivencia pacífica de todos los valencianos" y la "erradicación" de la violencia contra instituciones, sedes de partidos políticos, edificios públicos y privados, agresiones o intentos de agresión, así como cualquier otro tipo de actos violentos contra autoridades, cargos públicos, representantes del mundo académico y cultural, y de la sociedad civil.

La iniciativa, presentada por el PP en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición que, sin embargo, han considerado que la propuesta "no condena" estos actos y han reprochado a los populares que hayan rechazado en ocasiones anteriores iniciativas suyas para mostrar su repulsa por actos violentos y "fascistas" contra sedes o actos políticos.

El diputado del PP Eduardo Ovejero ha destacado que la resolución señala que estos actos violentos son "actuaciones impropias del estado de derecho" y apela al respeto a la libertad de expresión. "Estos actos no pueden tener lugar en una sociedad democrática" y las Cortes "no van a permitir" estos hechos, ha afirmado.

La iniciativa del PP recuerda que se han producido varios "actos vandálicos" contra sedes de partidos en los últimos meses. Recientemente, se lanzó un potente petardo contra la sede de este partido en Castellón, lo que causó daños en la fachada, y se realizaron pintadas insultantes en la casa del presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer.

La resolución afirma que las sedes de Esquerra Unida, Compromís, PSPV y PP "han sido víctimas de ataques indiscriminados que no se pueden justificar bajo ninguna premisa", y contra instituciones públicas y entidades culturales. Pero también personas con cargos de representación de toda índole y distintas ideologías, "han padecido graves insultos e intentos de agresión injustificables en un estado democrático".

"La espiral de violencia en la que nos hallamos incursos debe ser erradicada de manera absoluta", prosigue la iniciativa, y en un Estado de derecho "existen mecanismos para que los ciudadanos se hagan oír, y no se puede amparar ni justificar la acción de un grupo de violentos que actúan al margen de las normas de convivencia que establecimos entre todos".

Faltan medidas concretas

Desde los grupos de la oposición han considerado que a la iniciativa del PP le falta reclamar una actuación concreta contra este tipo que la propuesta califica de "actos vandálicos" pero que la oposición atribuye a grupos fascistas organizados.

En este sentido, el socialista Rafael Rubio considera un "avance" que el PP condene la violencia aunque le hubiera gustado que se incluyera "exigir a los cuerpos de seguridad más eficacia en la resolución de casos de ataques a sedes y personajes políticos, que a día de hoy no están aclarados" y una "implicación mayor" de la Delegación del Gobierno.

De este modo, ha pedido a la Fiscalía que "persiga de una manera clara e inequívoca este tipo de actuaciones" porque "en nada queda la condena si los responsables de estas actuaciones comparecen ante la Justicia".

La diputada de EUPV Marina Albiol ha precisado un poco más en este sentido y ha exigido la creación de una "Fiscalía contra delitos de odio" como la que existe en Barcelona. Al respecto, ha recordado que su formación ya lo pidió en las Cortes pero el PP votó en contra.

Albiol considera así que la iniciativa es un "brindis al sol porque hacen falta medidas para parar" una violencia que, en el caso de los ataques a sedes de EUPV o de Ca Revolta "no son actos vandálicos sin más, sino violencia fascista". "Es importante condenar la violencia, pero también es importante que cuando los grupos proponen medidas para pararla, el PP vote a favor", ha agregado.