José Manuel Baltar acusa al Superior de politizar el fallo que desmonta su ERE

Baltar arremete contra el Tribunal Superior Xustiza de Galicia (TSXG) que desmontó su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y le advierte de que no admite injerencias políticas de los órganos jurídicos. El presidente de la Diputación de Ourense acusa al alto tribunal gallego de haber incurrido “en un evidente exceso” al “atreverse a recomendar” al gobierno que preside fórmulas alternativas al despido de 25 trabajadores para reducir el gasto en la institución provincial.

José Eugenio Galindo, letrado de la Diputación, firma un duro recurso de casación registrado en el Tribunal Supremo contra el auto del TSXG que el pasado 2 de mayo desmontó el argumento del ERE de la institución ourensana; un recorte de personal con el que el segundo de los Baltar reprueba (por el coste económico que supone para la Diputación que ahora preside) la política de contrataciones por la que será juzgado su padre y predecesor. La “decisión de reducir el gasto público en personal o en otras partidas (como, por ejemplo, subvenciones o inversiones o este o aquel servicio público) es una pura decisión política no susceptible de fiscalización judicial”, reprocha Baltar al alto tribunal gallego, en el recurso de casación, la advertencia que este le hizo de que podría haber evitado el ERE si hubiera “reducido las partidas presupuestarias destinadas al baloncesto o al fútbol”. Un argumento en el que se apoyó el TSXG para rechazar que el desajuste de la plantilla sea el factor desencadenante de la mala situación económica de la Diputación.

Exigencias “absurdas”

El auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tildaba el ERE de “contrario al deber de buena fe”, precisando que al mismo tiempo que lo aplicaba Baltar nombraba a dos asesores de confianza con un gasto para la institución de en torno a 120.000 euros anuales. En el recurso de casación, la Diputación atribuye diversos “errores interpretativos” y de aplicación de la Ley al alto tribunal gallego del que dice que “no demuestra el mínimo argumento para motivar su decisión” de rechazar el ERE y tilda de “absurdas” algunas de sus exigencias, al tiempo que le recrimina un “gravísimo error de comprensión de la peculiaridad de la Administración pública” para acabar, de nuevo, acusándolo de entrometerse en “una pura decisión política discrecional”