“En caso de urgencia grave puede ponerse en peligro su vida”

El Partido Popular tumbó ayer en la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley de UPyD para la puesta en marcha de un plan de evacuación de personas discapacitadas en centros docentes de la región. PSM e IU votaron a favor. La normativa vigente no contempla por ejemplo la evacuación en los edificios de nueva planta. Según el Código Técnico de Edificación, solo es obligatorio tenerla en cuenta a partir de los 14 metros de altura, lo que equivale a entre tres y cinco pisos.

El diputado magenta Alberto Reyero señala que algunos planes de evacuación establecen profesores de apoyo que ayudarían en una evacuación, “pero no hay otro medio más que las escaleras, por las que los profesores deberán cargar con los alumnos”. También apunta que se les pide que se queden en el aula hasta que llega el profesor, y que el protocolo dicta que “se evacue a los estudiantes con discapacidad por un lugar diferente del resto para que no entorpezcan a los demás”.

La propuesta de UPyD incluye la instalación de ascensores de emergencia o rampas. En caso de no existir, deberían establecerse zonas de refugio fuera de las aulas. Asimismo, debería estudiarse la instalación de sillas de evacuación en los centros de educación infantil. Los docentes deberían contar además con la formación acorde para realizar adecuadamente los planes de evacuación.

El colectivo Famma (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid), favorable a los cambios en la regulación, ha denunciado la realización de simulacros de emergencia en colegios en los que se situó previamente a los alumnos en sillas de ruedas ubicándoles frente a una salida de emergencia, lo que les impidió ensayar un potencial peligro. Famma reclama a la Consejería de Educación que arbitre las medidas precisas para que los alumnos con discapacidad sean entrenados para afrontar hipotéticos riesgos. “En caso de urgencia grave puede ponerse en peligro su propia integridad física, incluso su vida”, critica el organismo. Eduardo Raboso (PP), señaló al Estado para justificar la negativa de su partido: “Las normas que configuran los planes de emergencia, evacuación y planes de autoprotección vienen dadas por normas de rango nacional. La modificación escapa a nuestras competencias”.

Javier Font, presidente de Famma y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), denunció “múltiples e importantes retrasos en el pago de las ayudas” al colectivo que representa. Font planteó al Gobierno regional una desgravación fiscal y un régimen especial de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad. La Comunidad alega que ha asignado 176 millones en 2013 a dependencia, prestando ayuda a domicilio a 22.000 personas y teleasistencia a 13.656.