El Banco de España niega sus informes a la comisión que investiga las cajas
El supervisor financiero alega que se trata de información reservada
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha negado al Parlamento gallego los informes de ese organismo sobre la situación de las dos extintas cajas gallegas y sobre el proceso de fusión entre ambas que la Cámara autónoma le había reclamado para la comisión que investiga la gestión de las entidades financieras. En una carta enviada al Parlamento y que los grupos parlamentarios han conocido esta tarde, Linde alega que la información solicitada es de carácter "reservado" y que la ley le impide divulgarla.
Para avalar su negativa, el gobernador adjunta un informe del Consejo de Estado, según informaron fuentes parlamentarias. El supervisor financiero alega que ese tipo de información ya fue denegada a otro Parlamento autónomo, en previsible alusión al valenciano, donde una comisión también está investigando la gestión de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Al rechazo del Banco de España se une la actitud del Gobierno gallego, que también ha planteado un cerrojazo en la comisión de investigación Según la documentación remitida por la Xunta a la Cámara, la Consellería de Presidencia propone que tanto las auditorías que avalaron los balances de Caixa Galicia y Caixanova como la que esgrimió el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, para justificar la fusión son información “reservada” que los diputados solo podrán manejar a puerta cerrada y de la que no se podrán realizar copias, solo apuntes manuscritos.
El listado de la documentación que la Xunta califica como reservada incluye 11 tipos de expedientes e incluye los acuerdos que fueron tomando las asambleas generales de las dos entidades. Tampoco considera información pública la contabilidad de las cajas entre 2004 hasta su conversión en banco, incluidas las auditorías que refrendaron sus balances anuales. “La información del FROB que tuviese relevancia en Novagalicia Banco y tenga carácter reservado ni la documentación relativa al proceso material de fusión”, solo podrá ser vista a puerta cerrada por los diputados de la comisión. Como el plan de recapitalización presentado por Novacaixagalicia para cumplir con las exigencias del Real Decreto del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Pero tal vez la decisión más polémica es la de calificar como información confidencial “la relativa a las indemnizaciones percibidas por los exdirectivos de las cajas de ahorros gallegas en posesión de la Consellería de Facenda, incluidas las actuaciones para evitar nuevos pagos que tiene carácter reservado”. En esos papeles está la explicación al plan de jubilaciones millonarias que las cúpulas de las dos cajas se habían reservado y que en un primer momento destinaban 52 millones de euros a pagar la salida de cuatro ejecutivos y que cuando estalló el escándalo obligó a los directivos a devolver parte de esas cantidades. La Xunta también defiende restringir la información sobre los recursos judiciales planteados por el Gobierno de Feijóo en contra de la normativa aprobada por el anterior Ejecutivo socialista.
Fuentes de la Consellería de Facenda han explicado a este diario que la decisión de proteger todos esos documentos obedece a que “contienen datos de carácter confidencial o reservado, bien porque afectan a persoas o bien porque proceden de documentos contables de carácter reservado”. Según este departamento, su decisión está avalada por la asesoría jurídica de la Xunta y persigue el objetivo de cumplir con “el deber de segreto bancario regulado por la legislación”. El PSdeG aseguró a través de su grupo parlamentario que la actitud del Gobierno gallego es una “desfachatez y una burla que Feijóo pretenda declarar secreta la auditoría que utilizó sesgadamente para forzar la fusión de las desaparecidas cajas”.
Los expedientes que sí se harán públicos en la comisión de investigación son los relativos a “la emisión de participaciones preferentes por las cajas de ahorro gallegas obrantes en la Consellería de Facenda, incluidos folletos de emisión y autorizaciones administrativas, así como el procedimiento de arbitraje puesto en marcha con sus medios, solicitudes y laudos. También será información pública los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las cajas de ahorros durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Y obviamente el entorno normativo que regía durante la malograda fusión que propición la desaparición de Caixa Galicia y Caixanova
NCG intentará parar en los juzgados la devolución de preferentes
Una vez acordados los términos de la quita de las preferentes y el alcance del mecanismo arbitral, Novagalicia Banco (NCG) va a cambiar de estrategia frente a los afectados que han optado por la vía judicial. A partir de ahora, NCG dará la batalla en los juzgados para tratar de impedir que los jueces le obliguen a devolver lo que no se decidiese voluntariamente mediante el arbitraje. La intención de la entidad desde este momento es recurrir hasta el final las sentencias desfavorables. En los últimos cuatro años, NCG ha contabilizado unos 80 fallos judiciales en su contra frente a 21 que denegaron las reclamaciones de los afectados.
La antigua caja da por hecho que el conflicto de las preferentes se saldará con el balance anunciado el pasado lunes. Los titulares de ese tipo de participaciones y de obligaciones subordinadas perderán alrededor de 400 millones de euros. Aunque el plazo para solicitar el arbitraje se cierra el próximo lunes, la entidad da por hecho que se aceptarán 36.200 de un total de 75.267 afectados. Esa cifra, muy superior al de cualquier otro banco o caja en España, supone el 65% de todos los que pidieron el sistema de mediación, que permite recuperar íntegramente los ahorros. Quedan otros 39.000 clientes que sufrirán quitas de entre el 22% y el 65%, la mitad de los cuales no pidió el arbitraje y a la otra mitad se les denegó. La pérdida para la mayoría —27.920— será en el porcentaje más bajo.
El día siguiente al anuncio de la cuantía de la quita, amaneció con otra noticia sombría para NCG, que tuvo conocimiento del suicidio, el pasado sábado en Pontevedra, de un hombre de 82 años titular de obligaciones subordinadas de la entidad. Al mismo tiempo, las protestas de los afectados se sucedían de nuevo en distintos puntos de Galicia. En Santiago, la llevaron al pleno del Ayuntamiento, mientras que en A Coruña cortaban el tráfico en la céntrica calle de San Andrés y en Vigo celebraban una asamblea frente a la sede central de NCG en la ciudad.
La dirección de la antigua caja está ahora enfrascada en resolver antes de agosto otros 21.000 arbitrajes —15.000 ya están cerrados— y en preparar sus oficinas para lo que se prevé como una avalancha de los clientes que cobrarán la parte asignada por el FROB tras la fijación de la quita. En O Morrazo está previsto abrir de nuevo las sucursales, cerradas por la presión de los afectados.
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