La juez Alaya deja libre sin fianza al muñidor del fraude de los ERE

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal implicado en el caso de los ERE, vuelve a salir de prisión. Guerrero ha abandonado este miércoles la cárcel de Sevilla en la que estaba interno desde el pasado marzo, cuando la juez Mercedes Alaya ordenó su ingreso como consecuencia de la Operación Heracles que desencadenó la Guardia Civil por el cobro de comisiones ilegales en los ERE. Fuentes próximas al exdirector de Trabajo han señalado que Guerrero salió en libertad sin fianza por orden de Alaya.

La inesperada decisión de la magistrada llama la atención por varios motivos. En primer lugar, porque las imputaciones contra Guerrero son tan graves (delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita) como las de otros acusados que siguen en prisión. Y también porque otros implicados en la trama corrupta que han sido encarcelados han logrado salir solo pagando una fianza. Es el caso del ex director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, quien logró dejar la prisión tras pagar 600.000 euros, fianza que ordenó la Audiencia de Sevilla.

Los jueces de la Audiencia revocaron la decisión de Alaya de decretar prisión incondicional para Albarracín y le abrieron la vía para su libertad. Días después la Audiencia impuso 450.000 euros como fianza al intermediario Juan Lanzas para poder salir en libertad. Con Guerrero, Alaya ha tomado la decisión adelantándose a la Audiencia. De los siete encarcelados en la última operación por el caso de los ERE, tres ya han salido de prisión: Guerrero, Albarracín y el testaferro Ismael Sierra, que pagó una fianza de 50.000 euros.

Hace dos meses la juez alegó que Guerrero debía permanecer en prisión porque existía riesgo de fuga, alteración de pruebas y la posibilidad de que contactase con otros imputados e influir en ellos. Este miércoles el entorno de Guerrero ha destacado que, tras haber levantado el secreto del sumario la semana pasada, la juez estimaba que no procedía mantenerlo en prisión. “El argumento es que Guerrero ya no tiene capacidad de influenciar sobre las personas implicadas en el caso”, explican fuentes cercanas al exdirector general de Trabajo.

La primera vez que Guerrero ingresó en la cárcel fue en marzo de 2012. En aquella primera ocasión, Guerrero estuvo interno siete meses (salió el 22 de octubre del año pasado) acusado de los delitos de cohecho y malversación continuados en la concesión de ayudas millonarias en la Consejería de Empleo durante su etapa (1999-2008). Tras varias rebajas de la fianza, Guerrero logró la libertad tras abonar 50.000 euros.

Poco le duró la nueva etapa de libertad. En marzo de este año, como consecuencia de la parte de la investigación de los ERE relacionada con el cobro de comisiones abusivas, la juez ordenó su reingreso en la cárcel sin fianza. Alaya detallaba en esta nueva orden de encarcelamiento que Guerrero se había concertado con intermediarios y aseguradoras para lucrarse con las comisiones excesivas que pagaba la Junta de Andalucía por la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. De hecho, precisaba que Guerrero recibió varios cobros de la consultora Vitalia, la principal beneficiada en la tramitación de los ERE.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, había solicitado la libertad de su cliente en un recurso en el que acusaba a Alaya de haber construido “una teoría conspirativa nada cercana a la realidad” en su auto de ingreso en prisión. El letrado, en su escrito, argumentaba que no había ni riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas, como expuso la juez para justificar su ingreso en la cárcel.

Tres de los siete encarcelados ya han abandonado la cárcel

La decisión de Alaya de dejar en libertad a Guerrero se produce tres días después de que las partes hayan accedido a la investigación que aún estaba bajo secreto del sumario, y en la que se pretendía averiguar los destinatarios del dinero de las comisiones. Tras levantar el secreto de esas pesquisas se ha conocido que el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, declaró ante la juez que el exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar Zarrías (PSOE) llamó en alguna ocasión al exdirector de Trabajo para pedirle la inclusión de intrusos en los ERE. Zarrías lo niega tajantemente.

El informe policial sobre el patrimonio de Guerrero sostiene que ganó 915.686 euros entre 2001 y 2012, de los cuales 303.588 euros fueron en ingresos en efectivo en sus cuentas; y, de estos, 254.584 euros se ingresaron en cantidades menores a 3.000 euros para no identificar al pagador. Alaya imputó parte de estos ingresos a la consultora Vitalia y apuntó que otras eran de origen desconocido. La Guardia Civil alegó que no ha identificado a los impositores, excepto 11.800 euros procedentes de Vitalia.

Hace un mes la juez decretó el embargo de dos fincas y cuentas a Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones. En su resolución, Alaya acordó embargar a Guerrero una finca a su nombre en El Pedroso (Sevilla), y otra de la que posee un tercio de la propiedad en la misma localidad, además de sus saldos bancarios y las posibles devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria. Los investigadores sitúan a Guerrero en el epicentro de la trama corrupta junto al intermediario Juan Lanzas y el exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarracín.