El dinero de numerosas ayudas a empresas acabó en una cuenta bancaria

Los indicios sobre una malversación de fondos públicos se repiten en el caso de los ERE. El último es muy llamativo: subvenciones a diferentes empresas tenían un único destino, “la repetidísima cuenta bancaria (...) destino final de muchas de las ayudas directas concedidas a empresas”, según la juez Alaya. Los titulares de esa cuenta no han sido identificados de momento, pero todo apunta a que estas ayudas directas fueron ficticias y el dinero fue aprovechado por miembros de la trama corrupta identificada por la Guardia Civil para desviar fondos.

La Junta resalta en un escrito enviado a la juez hace dos meses que ha encontrado otras tres cuentas bancarias con graves sospechas de esconder pagos y cobros turbios. Además, identifica a las empresas vinculadas a las supuestas irregularidades: Below Marko, cuyo apoderado fue Juan María González, hermano del expresidente Felipe González, Enoworld y Corchos Higuera, vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y Producciones Barataria, firma de Beatriz Pérez, hermana de la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta Pilar Pérez. La Junta piden que se amplíe la imputación de Borbolla.

Un ejemplo de la dinámica de ingresos figura en un correo electrónico: “Un empleado de BBVA le comunica a Javier Guerrero (...) que la cuenta de ingreso será la habitual en los casos de las subvenciones anticipadas”. Es decir, existía una cuenta en la que acababan ciertas subvenciones de manera mecánica.

Mientras, la juez ha imputado a cinco personas más (ya son 73 los acusados) en el caso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de 12 personas. Ascensión de la Cruz, María Luisa Rodríguez y Gemma Fátima Rodríguez, vinculadas a la consultora Vitalia, Beatriz Núñez, supuesta testaferro del intermediario Juan Lanzas y el empresario Antonio Diéguez.

El sumario de esta parte secreta de las actuaciones revela las tensiones y discrepancias entre los dos fiscales del caso y la instructora. Entre otras decisiones, la fiscalía inquirió a Alaya sobre la investigación de la empresa Umax Consultores, que contrató a empleados que trabajaron desde la sede de la Consejería de Empleo. Y Alaya ha mandado la causa a reparto, decisión insólita dada su trayectoria en el caso.

Por otra parte, la Guardia Civil ha cifrado en 7,6 millones las transferencias a las entidades vinculadas a los sindicatos desde las consultoras, señaladas por Alaya en 4,2 millones hace meses. Los investigadores alertan de que la cifra aumentará, informa Efe. Los agentes han investigado estos meses el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Guerrero, el exdelegado Antonio Rivas y el exdiputado Ramón Díaz. Seis meses después no hay resultados de dicha investigación al margen de Guerrero.