El campo de golf de Chamberí sigue en el limbo

El Canal de Isabel II renovó el pasado 9 de mayo la adjudicación de la gestión del campo de golf y demás instalaciones deportivas que la compañía tiene en el Tercer Depósito, en el distrito de Chamberí, por un importe de 4,19 millones de euros con el IVA sin incluir. De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la empresa Proingest Management Asociados SL relevó así —la fecha de formalización fue el 12 de abril— a la empresa Green Canal Golf. El importe mínimo a ofertar para hacerse con el contrato, de una duración inicial de cinco años y cinco meses, era de 3,79 millones (IVA aparte).

Sin embargo, lo que debería ser un contrato más de un servicio que por ejemplo Green Canal daba a 12,80 euros la hora a quienes se apuntaran a la escuela de adultos —por los 13,04 euros de la escuela infantil o los créditos de 30 horas a 1,37 euros—, está marcado por la situación de ilegalidad que el Tribunal Supremo falló en diciembre de 2012. La máxima institución judicial consideró que el campo de golf que Esperanza Aguirre estrenó seis años atrás no cumplía los requisitos administrativos para justificar su condición de interés general. Esta fue precisamente la fórmula que el Gobierno regional ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón de alcalde, le denegó la licencia por no cumplir con determinados requerimientos urbanísticos.

“La adjudicación de la gestión de la instalación es independiente de la regularización urbanística de la misma. El Supremo en ningún momento ha dicho que se cerrase la instalación, únicamente que la declaración de interés general no estaba suficientemente motivada y que había que subsanar esta circunstancia”, argumentan desde el Canal para justificar la nueva adjudicación, en este caso a Proingest Management Asociados. “Para ello, tal y como se anunció en la Asamblea de Madrid, se está tramitando el correspondiente Plan Especial que permitirá adecuar la instalación al planeamiento urbanístico vigente”, insisten.

Salvador Victoria, que además de consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo madrileño ostenta la presidencia del Canal, afirmó en el pleno del Parlamento madrileño del 21 de febrero que “desde luego” se iba a “cumplir con la legalidad”. “Vamos a tramitar un plan especial de infraestructuras que, de acuerdo con el interés general, venga a ajustarse a la legalidad urbanística”, expresó entonces. El número dos de Ignacio González cifró en 4.000 vecinos “los que cada día disfrutan” de las instalaciones deportivas del Tercer Depósito, con “siete millones de visitas desde su puesta en marcha en 2007”. El diputado regional Antonio Fernández Gordillo (PSOE) le replicó que la Comunidad lo que hacía era negar a los vecinos de Chamberí “el uso y disfrute de cerca de 50.000 metros cuadrados de parque público y zonas verdes en un distrito que apenas tiene zonas verdes, privatizando su uso en beneficio del negocio privado de turno”.

El complejo deportivo, que además del campo de golf también cuenta con pistas de pádel y canchas de fútbol, ocupa seis de las 12 hectáreas de la superficie del Tercer Depósito. Las obras costaron 50 millones de euros. Pero sin duda la parte más polémica es el campo de prácticas para los golfistas, con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial, rodeado por unas redes de 30 metros de altura sujetadas por torretas metálicas.

La primera licencia de obras data del 18 de marzo de 2003. El 16 de octubre de 2006, cinco meses antes de inaugurarse, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata” de las obras, dando dos meses a la Comunidad para que solicitara una “nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. El Ayuntamiento emitió además un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de la licencia. Gallardón exigía la tramitación de un plan especial y un informe de evaluación ambiental para conceder la licencia a los pabellones de golf y cuestionaba “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral” de las instalaciones.

Aguirre creyó solucionar el entuerto legal en enero de 2007 declarando de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas. No fue así. La sentencia del Supremo, que no admite recurso y da la razón, como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, entiende que “se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (...) no está motivado, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (...) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”.

Desde el fallo del Supremo han transcurrido ya seis meses —por no remontarse a la década de peleas administrativas entre Ayuntamiento y Comunidad— y sigue sin haber un plan especial. En enero, después de que este diario publicara el fallo, el Ejecutivo de González manejaba dos escenarios. O se justificaba la motivación específica de las redes y las plataformas de tiro, o el Ayuntamiento hacía una modificación puntual del plan general. “Se está tramitando un plan especial”, sostiene un alto cargo de la Comunidad. En el Ayuntamiento afirman que todavía no lo han recibido. Mientras tanto, los aficionados que acuden al campo de golf de Chamberí practican su drive en el limbo.