Nueva sentencia por un despido político contra el gobierno local de O Carballiño

Dos jueces aprecian despidos por razones políticas en el Ayuntamiento ourensano de O Carballiño, gobernado por el PP. Una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense condena al gobierno local a readmitir a Sandra V.F., una extrabajadora despedida por "móvil político". El juez recalca que han sido vulnerados varios derechos constitucionales de esta exempleada “porque no se ha dado una motivación razonable de su cese” y la única apreciable es su vinculación directa con el PSdeG. Además de la readmisión, la sentencia obliga a abonar los salarios dejados de percibir hasta su reincorporación, así como la devolución de la indemnización pagada. El fallo asegura que ha quedado acreditado que todos los despedidos “tienen o tuvieron una vinculación con el partido de la oposición”.

 El gobierno local defendió durante el juicio que estos despidos se enmarcan en un plan de ajuste y ahorro tras la supresión de las subvenciones autonómicas que financian estos puestos. Sin embargo, el magistrado matiza que el Ayuntamiento no acreditó la existencia de “una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente” que motivase las bajas. Incluso recuerda que durante el pasado año esas subvenciones tampoco se concedieron y sin embargo los afectados no fueron apartados. Este fallo se suma a otro del Juzgado de lo Social número 4 de Ourense en el que se obliga a readmitir a Patricia N.C. tras otro despido por motivación política. En este caso, el magistrado sentenció que “la única causa” para el despido “es la conocida militancia” de la afectada en el PSdeG.

Con ésta ya son cuatro las sentencias que tumban despidos ejecutados por el PP desde que conquistó la alcaldía de O Carballiño en las elecciones municipales de 2011. El grupo de gobierno explica que las sentencias de estas extrabajadoras no se recurrirán porque serán readmitidas, pero contra otras dos condenas por despido improcedente sí se presentarán recursos. Mientras, los socialistas insisten en reclamar el cese del alcalde, Argimiro Marnotes, también imputado en la Operación Pokémon por supuestos delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos. Recuerdan que el exalcalde socialista de la vecina localidad de Punxín fue inhabilitado en 2010 por despedir a una trabajadora municipal que militaba en el PP.