Cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el Plan Rabassa
La Audiencia de Alicante ordena reabrir el caso por los nuevos datos denunciados por EU
El Plan Rabassa resucita en los tribunales. La Audiencia de Alicante, tras conocer los nuevos elementos de prueba aportados por Esquerra Unida en la denuncia que presentó después del archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 6, ha ordenado reabrir la investigación. Según los magistrados de la sección segunda de la Audiencia “los hechos nuevos que se denuncian abundan en presuntas irregularidades que pudieran tener trascendencia penal (tráfico de influencias, cohecho, prevaricación...)”. La consecuencia, pues, es lógica: “\[los hechos\] deben dar lugar a la reapertura de las diligencias en su día iniciadas para su investigación”.
La investigación se remonta a primeros de abril de 2008. Por esas fechas la policía judicial, que trabajaba en una de las derivadas del caso Brugal en Orihuela, se encontró con unos hechos que tenían relación con el Plan de Actuación Urbanística que debía desarrollarse en Alicante que popularmente era conocido por Plan Rabassa. La fiscalía solicitó el desglose de esta actuación del caso Brugal y el juez de Instrucción número 3 de Orihuela remitió el caso a los tribunales de Alicante por entender que de lo investigado por la policía se deducían algunos presuntos delitos.
Sin embargo, el juzgado de instrucción número 6 de Alicante archivó el caso en mayo de 2008, a pesar de la denuncia de EU como el posterior recurso de la Fiscalía sobre el Plan Rabassa, al entender que “no era competente” y que debería instruirlo el juzgado número 5 que llevó la investigación sobre las irregularidades del PGOU. El ministerio público elevó un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia que ahora ha sido estimado, y ante el cual no cabe recurso.
EU presentó una denuncia en octubre pasado en la que pedía reabrir la pieza del Plan Rabassa que se sobreseyó provisionalmente en 2008. El abogado de la formación, José Luis Romero, consideró que había indicios de delito de “prevaricación, cohecho y tráfico de influencias”, en la actuación de ocho personas, entre ellas la alcaldesa Sonia Castedo; su antecesor y diputado, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz. Los tres están imputados en la pieza de Brugal que investiga el TSJ. Castedo eludirá este miércoles un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en el que la oposición iba preguntar por su amistad con Ortiz.
El portavoz municipal de EU en el consistorio, Miguel Ángel Pavón, confía en que la investigación “sirva para que no queden impunes” estos hechos. Para EU, con la documentación aportada “se desprenden posibles hechos ilícitos penales vinculados al presunto amaño del Plan Rabassa que no pudieron ser valorados en la pieza sobreseída al no disponerse en ese momento de dichos informes y conversaciones”. Desde el entorno de la alcaldesa valoraron con prudencia esta decisión. “Ya se archivó este tema dos veces y pueden investigar lo que quieran”, dijo un portavoz de alcaldía.
Una patata caliente para la alcaldesa y el PSPV
El Plan Rabassa no solo es una patata caliente para el PP y la alcaldesa Sonia Castedo. Los socialistas de Alicante también se han enredado en este macroproyecto urbanístico que promueve el empresario Enrique Ortiz y que contempla la construcción de 14.000 viviendas y la instalación de un centro de Ikea.
PP ha defendido siempre la idoneidad del Plan por su impacto económico. Pero la sombra alargada de Rabassa también planea en el sumario del caso Brugal. Castedo supuestamente entregó un sobre cerrado con unos planos al promotor Enrique Ortiz sobre el Plan Logístico de la Generalitat que afectan los terrenos de Rabassa. La alcaldesa tras declarar ante el TSJ explicó que Ortiz le pidió que le recogiera el sobre y se lo entregara y que así lo hizo, "pero no eran planos del PGOU", recalcó.
Y en las filas socialistas el proyecto también levantó ampollas. En 2006, cuando era portavoz Blas Bernal, los socialistas aplaudieron la iniciativa y luego se vieron obligados a rectificar y votar en contra. El apoyo inicial del PSPV a Rabassa provocó la dimisión del secretario general en Alicante, Juan Antonio Román, que lo rechazaba. Los cambios de criterio han sido una constante en el principal partido de la oposición. En el sumario del caso Brugal figuran varias conversaciones telefónicas entre Ángel Franco, al que la policía identifica como "el gran jefe del PSOE", y el empresario Ortiz, sobre todo a partir de la dimisión de Luis Díaz Alperi como alcalde de Alicante, el 11 de septiembre de 2008. Días más tarde el promotor del Plan Rabassa llama a Franco para preguntarle si conoce al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues. "Sí, le conozco, le conozco razonablemente bien", contesta Franco. Ortiz pide que le concrete una entrevista con él para hablar de las necesidades hídricas del Plan Rabassa y el político contesta: "Te puedo propiciar una entrevista".
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