La Audiencia ve tráfico de influencias, cohecho, prevaricación en el plan Rabassa

El Plan Rabassa, cuyo promotor es Enrique Ortiz, se reactiva en los tribunales. La Audiencia Provincial de Alicante ha obligado al juzgado a reabrir la investigación penal sobre las presuntas irregularidades de la tramitación del plan Rabassa de Alicante, según ha informado Esquerra Unida.

El juzgado de Instrucción número 6 había archivado una denuncia de Esquerra Unida en la que se pedía la reactivación en este juzgado de la pieza separada del caso Brugal que afectaba a este plan urbanístico. El juez alegaba que estos delitos se deberían haber investigado junto con las supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Ahora la Audiencia, según ha explicado el abogado José Luis Romero, insta al juzgado de Instrucción número 6 a que investigue los nuevos hechos que se denuncian porque  "abundan en presuntas irregularidades en el trámite que pudieran tener transcendencia penal (tráfico de influencias, cohecho, prevaricación...), por lo que deben dar lugar a la reapertura de las diligencias en su día iniciadas para su investigación".

El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha expresado este martes su satisfacción por la reapertura de la pieza del caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan Rabassa a consecuencia de un auto de la Audiencia Provincial que obliga al Juzgado de Instrucción nº 6 a reabrir las diligencias - sobreseídas provisionalmente en 2008 - en base a la denuncia que la formación de izquierdas presentó ante dicho juzgado en octubre de 2012 y que fue archivada.

Para EU, de lo practicado en la instrucción de la pieza de Brugal del Plan General, en concreto de los informes policiales y las conversaciones telefónicas intervenidas que hacen referencia a la tramitación del Plan Rabassa y a sus modificaciones para facilitar la implantación de la firma IKEA, se desprenden posibles ilícitos penales vinculados al presunto amaño del Plan Rabassa que no pudieron ser valorados en la pieza sobreseída al no disponerse en ese momento de dichos informes y conversaciones.

Los delitos denunciados por EU fueron tres, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, y las personas cuyas actuaciones se consideran punibles son ocho: el empresario Enrique Ortiz, autoridades públicas como los ya imputados en la pieza de Brugal del Plan General Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, el Gerente de Urbanismo Enrique Sanus, la funcionaria de la Gerencia de Urbanismo Isabel Campos - que al parecer recibió un bolso como regalo de Enrique Ortiz -, un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, actualmente presidenta de la Confederación del Júcar, y dos altos cargos de carreteras del Ministerio de Fomento, Enrique Peiró y Francisco Javier Criado.

Miguel Ángel Pavón espera que la investigación sirva para que "no queden impunes unos hechos vinculados a una presunta trama corrupta que podría haber antepuesto los intereses particulares de Enrique Ortiz a los intereses generales de la ciudad en la tramitación y aprobación de un plan". Esquerra Unida aplaude que el Plan Rabassa esté "bajo la lupa de la justicia por la vía contencioso-administrativa".  El edil también ha anunciado que EU se personará en las diligencias que ahora deben reabrirse.