Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía aumenta a ocho millones el dinero desviado en cooperación

Un director general de Rafael Blasco anotó que se adjudicaron a la trama 12 millones

El exconsejero y diputado del PP Rafael Blasco en su escaño de las Cortes, en 2012.
El exconsejero y diputado del PP Rafael Blasco en su escaño de las Cortes, en 2012.

¿Cuánto dinero público destinado al desarrollo del Tercer Mundo desvió la trama de cooperación? El cálculo más extendido hasta ahora de lo defraudado en el caso Blasco cifraba la cantidad en seis millones de euros. Un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) eleva considerablemente, sin embargo, esa cantidad.

La policía encontró en los registros realizados en el domicilio y en el despacho de Josep Maria Felip, que era director general de Cooperación y está imputado como presunto autor de varios delitos, un listado elaborado por el ex alto cargo en el que señalaba que las ONG “problemáticas” —como él mismo las definía— habían recibido adjudicaciones por un total de 12 millones de euros ente 2008 y 2011. Cuatro de ellos, que oficialmente iban a servir para construir un hospital en el Haití posterior al terremoto de 2010, no llegaron a las arcas de la red a raíz del cese de Rafael Blasco como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Aún así los ocho millones de euros que resultan tras descontar los fondos del proyecto sanitario suponen que el fraude fue un 33% superior a lo estimado hasta ahora.

La relación de ayudas a la red corrupta

El ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, elaboró un listado con las subvenciones que habían recibido las ONG y fundaciones integradas en la trama acusada de desviar los fondos de cooperación. En su listado, descubierto por la policía en el registro de su despacho, Felip calculó, de forma exhaustiva, que la red había recibido entre 2008 y 2011 adjudicaciones por importe de 12.031.630,39 euros. Ello representaba casi el 8% de todas las subvenciones a la cooperación concedidas. Cuatro de esos millones no llegaron, sin embargo, a la trama, dado que el entonces consejero Rafael Blasco se quedó fuera del Gobierno autonómico formado tras las elecciones de mayo de 2011. El resto de ayudas se repartieron así.

Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes): 1,8 millones de euros. El desvío de los fondos destinados a proyectos humanitarios en Centroamérica hacia inversiones inmobiliarias en Valencia constituye la primera pieza separada del caso Blasco. La investigación de la misma quedó cerrada el viernes. Tras los recursos y calificaciones de las partes se procederá a abrir juicio oral por estos hechos.

Esperanzas sin Fronteras: 5,2 millones de euros. La pequeña ONG a la que la trama presuntamente cooptó para utilizarla en su plan para apropiarse de los fondos del Hospital de Haití (cuatro millones), que no llegaron a entregarse.

Fundación Hemisferio: 827.297 euros. Creada por el principal imputado en la causa junto a Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, en prisión preventiva desde hace más de un año, Hemisferio centralizó las acciones de la trama, utilizando a ONG desconocidas para que se presentasen a las convocatorias para apropiarse a continuación de los fondos.

Fudersa: 1,9 millones de euros en siete proyectos.

Agrupación Ceiba: 993.355 euros en cuatro proyectos. Uno de ellos, para combatir “la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes” en Guinea Ecuatorial que no se realizó.

Asa de África: 933.712 euros obtenidos en tres proyectos

Asociación Asamanu África: 232.148 euros en un proyecto.

La trama captó de media dos millones de euros al año durante el tiempo en que Blasco estuvo al frente de la consejería. Si el cálculo se hace sobre adjudicaciones —sumando Haití, 12 millones— el resultado representa prácticamente el 8% “del total de subvenciones otorgadas por la Generalitat valenciana” en dicho periodo, según los cálculos que hizo el entonces director general y recoge la policía en su informe.

En junio de 2011, un Francisco Camps tambaleante por sus propios problemas judiciales —dimitió del cargo de presidente de la Generalitat un mes más tarde— borró al incombustible consejero Blasco y al resto de implicados en casos de corrupción al formar su nuevo Gobierno.

La salida de Blasco generó preocupación entre los imputados como prueba el correo que otro de los principales implicados, Marc Llinares, jefe de área de Cooperación, envió a Felip en julio de 2011, un mes después de la caída del consejero, y que es analizado por la UDEF. En el mensaje, Llinares apremia al director general sobre la importancia de “asegurar que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se pueda producir el pago de los cuatro millones de euros de Haití, a ser posible con dinero del presente presupuesto”.

La trama no llegó a tocar esos cuatro millones. Pero sí hizo desaparecer la partida de 177.779 euros que Blasco le adjudicó directamente para hacer los trabajos preparatorios del hospital. Los registros a Felip revelan que tanto el representante socialista del Ayuntamiento de Elche, como Bancaja y CAM —que formaban parte del Comité de Acción Humanitaria— cuestionaron a la entidad elegida por Blasco (la Fundación Hemisferio, controlada por el Augusto César Tauroni, cerebro empresarial de la red corrupta) debido a que su trayectoria resultaba desconocida.

En el auto del pasado viernes en el que la juez instructora, María Pía Calderón, dio por cerrada la instrucción de la primera de las piezas separadas de la causa, la magistrada repasa las fuertes evidencias de que Blasco cometió dos delitos: tráfico de influencias y prevaricación; y también los indicios de que participó en otros dos: malversación de caudales públicos y falsedad documental. A Felip lo considera indiciariamente responsable de un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público.

El exdirector general llegó al cargo en mayo de 2010 y por tanto su intervención en los hechos de la primera pieza —el desvío de 1,8 millones de euros en 2008 por parte de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes)— fue tardío aunque, según la juez, relevante. Felip cerró, dándolos por buenos, los expedientes con los que Cyes, en vez de financiar proyectos humanitarios en Nicaragua, adquirió cuatro inmuebles en Valencia (uno de ellos, un garaje). Y defendió la rectitud de las ayudas concedidas ante el Síndic de Comptes (con “vehemencia e insistencia”) y ante la fiscalía en su “inicial investigación”.

Los indicios contra el ex director general, y también contra Blasco, son aún mayores en la mucho más extensa segunda pieza de la causa judicial.

La oposición exige apartar a Blasco

I. Z., Valencia

El PP valenciano mantiene a Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat, en su grupo parlamentario. El argumento para hacerlo es el mismo que para los ocho otros diputados autonómicos imputados por corrupción: el acta de diputado es personal y el presidente de la Generalitat y del PP regional, Alberto Fabra, no puede destituirlo. Esa explicación no justifica, sin embargo, su mantenimiento en el grupo popular de las Cortes (podría ser expulsado al grupo mixto). Y menos que, como sucedió hace unas semanas, el partido premie al exconsejero señalado por la magistrada como presunto autor de graves delitos, con un cargo parlamentario (portavoz en la comisión de Territorio) que lleva aparejado una mayor retribución.

Los partidos de la oposición reclamaron ayer a Fabra la adopción urgente de medidas. “Pedimos formalmente a aquellos que hasta ahora han amparado todas las marrullerías del político más oscuro de la Comunidad Valenciana que lo aparten y digan claramente a la sociedad que Rafael Blasco no es una persona grata ni en el Parlamento, ni para el PP, ni para la sociedad valenciana”, declaró el socialista José Manuel Orengo. Enric Morera, portavoz de Compromís, anunció que preguntará al Consell en la sesión de control al presidente de la Generalitat, si piensa adoptar “medidas ejemplares” respecto a Blasco. Y Marina Albiol, de Esquerra Unida, pidió que Blasco sea, como mínimo destituido como portavoz de la comisión de Territorio “por dignidad democrática y para dejar de mancillar la imagen del País Valenciano”.