Tres consejeros de la época de Camps van camino del banquillo

No es fácil encontrar un Gobierno que vea desfilar a tres de sus miembros camino del banquillo. La decisión de la juez de procesar al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, pone al que fuera también portavoz parlamentario del PP en la misma situación que la exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, que fue presidenta de las Cortes Valencianas en la pasada legislatura, y la también exconsejera de Turismo, Angélica Such, que dejó a finales de 2012 su puesto de secretaria primera de la Cámara. Los tres responden a acusaciones por su gestión en la época en que Francisco Camps presidía la Generalitat y ven cada vez más cerca el juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que conservan sus escaños en las Cortes Valencianas y, por tanto, son aforados.

En el caso de las dos exconsejeras de Turismo, el instructor, José Ceres, ya ha recibido las calificaciones de la fiscalía, que pide 11 años de cárcel a Milagrosa Martínez y 10 años de inhabilitación a Angélica Such. Ambas están acusadas, en una de las piezas del caso Gürtel, por contratar a Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción, para el montaje del pabellón valenciano en la feria turística Fitur entre 2005 y 2010. Para el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, que está imputado, la Fiscalía pidió el sobreseimiento lo que hace probable que el juez opte finalmente por no sentarlo en el banquillo en esta pieza, aunque siga implicado, sin salir del caso Gürtel, en la supuesta financiación irregular del PP, cuya instrucción va más retrasada.

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En el caso de Blasco, acusado de tráfico de influencias y prevaricación por el fraude en dos subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales que, en lugar de destinarse a proyectos en Nicaragua se gastaron en la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia, la juez María Pía Calderón acaba de transformar las diligencias en procedimiento abreviado. Por tanto, aún cabe recurso antes de la calificación de los hechos por las partes.

“Han pasado de la sospecha a tener que responder de hechos debidamente considerados”, señaló ayer la presidenta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, sobre la situación de Blasco y las otras procesadas. “No deberían seguir ni un minuto más representando a los valencianos”. Algo que exige “una decisión que tiene que tomar el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que es también presidente del PP valenciano”.

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La situación judicial de estos exaltos cargos, dentro de un grupo parlamentario en el que figuran a día de hoy nueve imputados en casos de corrupción, es consecuencia de denuncias presentadas en su día por el PSPV-PSOE. “Los hechos son de una gravedad extraordinaria, más allá de lo que en el juicio se pruebe o no”, dijo Barceló de las acusaciones a Blasco y a Martínez. “Por una parte, se trata de la participación en una trama de corruptos como Gürtel, y por otra, de otorgar ayudas que beneficiaron a otros corruptos”. Según la presidenta del Grupo Socialista, “ya no valen excusas” como apartar de sus cargos en el partido o el Consell a los imputados y mantenerlos de diputados. “¿Cómo puede explicarse que no sirvan para estar en cargos orgánicos pero sí para representar a los valencianos?”.