Un escrache a Bruselas

Nunca les gustó la idea que tuvo esa joven cordobesa, roja para más señas. Pero pronto se dieron cuenta de que ir abiertamente en contra les produciría mayor desgaste electoral. Porque, a pesar de lo dicho por Cospedal, los de derechas también son desahuciados.

La consejera de Fomento, Elena Cortés, apadrinó una de las dos leyes estrella del primer año de vida del Gobierno de izquierda andaluz: la que antepone el derecho del ciudadano al del banquero. La que permite expropiar el uso de una vivienda durante tres años, si el banco intenta desahuciar a una familia en peligro inminente de exclusión social.

Hay que tener mal corazón para ir en contra de una medida así. Por eso el PP andaluz dudó. Por eso se abstuvo en el Parlamento cuando el decreto quedó aprobado. Sin ningún voto en contra.

Pero, en realidad, a la derecha española no le gusta la medida. No le gusta que alguien se salga del carril y mire hacia abajo, hacia los desfavorecidos, los marginados, los excluidos, los parados, los hambrientos, antes que hacia arriba, a las poltronas ocupadas por banqueros que cobran jubilaciones multimillonarias.

Dos años después del 15-M, el país vive un sarpullido de reivindicación democrática. Las calles se llenan de miles de ciudadanos cabreados: por los recortes en sanidad, en educación, en los salarios, en sus derechos laborales y porque los bancos, insaciables, les roban sus ahorros con las preferentes y los sacan de sus viviendas cuando no pueden pagar la hipoteca. Como fueron arrojadas 32.490 familias el pasado año. De ellas, 2.405, a la fuerza (datos del Banco de España).

Al Gobierno central y al PP se les ha visto otra vez el plumero. Quieren usar a la UE como excusa para cargarse el decreto que detestan

El PP no podía ponerse frente a esa marea que amenaza con arrollarlos. Y desvió el tiro: inició una campaña, con el habitual concurso de la prensa palmera, acusando a los escracheadores de nazis y etarras.

Pero por ahí también hizo agua: el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, defendió la legalidad de los escraches pacíficos. Un juez de Madrid sentenció que el escrache ante la vivienda de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no atentaba contra la seguridad de su familia, sino que era un ejercicio legítimo del derecho de manifestación.

¿Qué hicieron entonces? Se sacaron de la manga un as tramposo: una supuesta carta de la Unión Europea cuestionando la ley andaluza. En ella se afirmaría que podría dañar la estabilidad financiera. Nada menos.

Pero como antes se coge a un mentiroso que a un cojo, la patraña urdida por el Ministerio de Economía, y divulgada por la agencia Efe, quedó al descubierto. Un portavoz de la UE desmintió la existencia de la carta. Es más, añadió que ellos no pueden cuestionar la legalidad de la medida tomada por la Junta y que, en principio, no hay sospechas de que ésta infrinja normas comunitarias.

Después han intentado colar que los hombres de negro de la troika vienen el lunes para husmear en el decreto andaluz. Falso. La verdad es que, de forma rutinaria, la UE envió un e-mail pidiendo información sobre ese decreto, como hacen con todas las medidas que se toman en este país que afectan al sistema bancario, que, recuérdese, está rescatado y bajo estrecha vigilancia de Bruselas. Y la visita del lunes forma parte de esa rutina.

Al Gobierno central y al PP se les ha visto otra vez el plumero. Quieren usar a la UE como excusa para cargarse el decreto que detestan. Y si por un casual esos hombres de negro picaran el anzuelo, habría que convenir con el presidente Griñán que esa Europa “no merece la pena”.

Porque una Europa que salva bancos y no ciudadanos, que tan “sumisa se muestra ante los mercados financieros”, en efecto, no merece la pena. Merece un eschache en toda regla. Organizado por la consejera Cortés.

@JRomanOrozco