El Tercer Sector propone una “gestión social” del Fondo de Vivienda

Cataluña tiene 931 pisos del Fondo Social de la Vivienda. En teoría, estas casa deben ser destinadas a familias desahuciadas. En la práctica, cuatro meses después de su creación aún no han sido alquiladas, según la Mesa del Tercer Sector Social. Los motivos: los pisos no están situados donde hay demanda y 931 pisos es una cifra "insuficiente", ya que esta organización calcula que solo en Cataluña hacen falta 230.000 viviendas. Además, el mecanismo establecido para acceder a un piso de este Fondo “supone una nueva humillación y atenta contra la dignidad de las personas que han perdido su casa”, porque les obliga a volver al mismo banco que les desahució para pedir un piso de alquiler social.

La presidenta de la Mesa, Àngels Guiteras, ha hecho este martes un llamamiento urgente en Catalunya Ràdio a todas las entidades financieras --pero sobre todo a las intervenidas-- para que cedan la gestión del Fondo a las organizaciones sociales con experiencia en la gestión de vivienda. Más tarde, en una nota de prensa, la Mesa ha añadido: “Lo deseable y de justicia sería que prácticamente todos los activos de vivienda de los bancos y del SAREB, unos 100.000 en Cataluña, se destinaran al alquiler social…”.

La propuesta de la Mesa reclama un nuevo modelo de gestión de este mecanismo previsto por el Gobierno para paliar el drama de los desahucios, antes de que termine en fracaso. La fórmula consiste en que las viviendas, que serían para quienes hubiesen perdido su hogar por impago de la hipoteca o del alquiler, priorizando siempre a las familias más desfavorecidas según los informes de los servicios sociales, podrían ser cedidas a las organizaciones sociales bajo tres modalidades: cesión de la gestión y administración, alquiler para gestión directa o para ser destinadas a inclusión social o también cesión del usufructuo e incluso de la propiedad.

Según la Mesa del tercer Sector, tanto el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, como la Federación de Municipios de Catalunya, han dado su apoyo a la iniciativa. “Consideramos que nos encontramos ante una oportunidad de oro, ya que la gestión público privada de todas las viviendas en manos de las entidades financieras podría ser una solución real al drama de muchas familias”.