La Junta hará público los bancos que hurten datos sobre pisos vacíos

La Consejería de Fomento y Vivienda intenta desde finales de 2012 que los bancos le faciliten información sobre el parque de viviendas que tienen sin ocupar, aunque “hay entidades financieras que no quieren colaborar”, aseguró este martes el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez. A esta cooperación están obligadas ahora a raíz del decreto ley de la función social de la vivienda, aprobado por el Ejecutivo andaluz y convalidado, sin votos en contra, por el Parlamento. Pero en el caso de que se persistan en su resistencia, el Gobierno andaluz “no tendrá ningún problema” en hacer públicos los nombres de esas entidades y “denunciar a las que no colaboren”, dijo Vázquez.

El decreto otorgaba un plazo de un mes, que ya cumplió el día 12, a las entidades financieras e inmobiliarias para que comunicaran a la Junta el número de viviendas de VPO desocupadas que poseen, con los datos detallados de sus características y ubicación. No obstante, Fomento dará unos días más de prórroga. "Si el retraso es pequeño, bien está lo que bien acaba", opinió el portavoz.

El decreto establece un sistema de sanciones de hasta 9.000 euros para las entidades que mantengan viviendas desocupadas por un tiempo superior a seis meses. Para los particulares, se prevén una serie de incentivos y medidas de garantía para que faciliten su puesta en alquiler.

La norma persigue que no haya viviendas vacías mientras muchas familias tienen necesidad de ella y se ven imposibilitadas a acceder al mercado, o desahuciadas de las que compraron y no pueden ahora pagar. Para frenar los desahucios, el decreto permite que la Junta pueda expropiar durante tres años el uso de aquellas viviendas que hayan sido embargadas por impago a familias a las que el lanzamiento les sitúe en riesgo de exclusión social.

La Junta ultima ahora el reglamento del plan de inspección que permitirá crear el registro de viviendas vacías que se ofrecerán en alquiler a las personas con dificultades.

La Consejería de Fomento, que dirige Elena Cortés (IU), sigue trabajando en el desarrollo del decreto que se tramita ahora como proyecto de ley en el Parlamento, cuando todavía continúa la polémica sobre el supuesto rechazo de la UE a la norma andaluza, desmentido por la Comisión Europea.

Vázquez acusó al Gobierno central de hacer un “uso partidista” de la petición de información reclamada por Bruselas, después de que la agencia Efe informara el pasado jueves de que Bruselas dudaba de la legalidad de decreto andaluz por su incidencia en los bancos.

Andalucía ofreció ayer información y “todo el diálogo que quiera”, sobre la normativa antedesahucios, a los representantes de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que la semana próxima visitarán España en una reunión ordinaria de seguimiento.

La Junta también ha hecho gestiones con Moncloa para informarse directamente de este entuerto, aunque no ha trascendido si han fructificado las conversaciones entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.

A la petición de información en el Europarlamento de Izquierda Unitaria sobre la norma andaluza, se sumó ayer el socialista Juan Fernando López Aguilar quien ha registrado una pregunta escrita dirigida a la Comisión.