La venganza de Goliat

Cuando a finales del año pasado consiguieron que un juzgado ordenara en sentencia firme el embargo sobre los bienes de Banco Popular Español SA, para recuperar 7.000 euros que la entidad les había sustraído fraudulentamente al endosarle un complejo producto financiero en el contrato de su hipoteca, Lourdes Pereira y Rubén Vázquez tuvieron la insólita sensación de haber vencido a Goliat. Tras un periplo judicial de cinco años la joven pareja ourensana respiró por fin aliviada con esta victoria que, en teoría, había puesto fin a sus calamidades con el banco al que había acudido en 2007 para firmar una hipoteca para su primera vivienda Ni se les había pasado por la cabeza que entre una firma y otra habían aceptado, además de los 700 euros mensuales de intereses, un contrato referenciado especulativo por el que el banco acabó comiéndose todos sus ahorros.

Recuperado el dinero y tras cancelar la cuenta en la entidad, su batalla continúa: el banco dejó de ingresar el pago de la hipoteca que ellos hacen mediante transferencia desde otra entidad financiera con varios días de antelación al del cobro. No solo eso. Les reclama, además, 500 euros de un plan de pensiones que aseguran que no han firmado y cuyo documento el Popular no puede mostrarles alegando que “lo perdió en un traslado”. “Es una clara represalia”, asegura la pareja, convencida de que la entidad tiene una estrategia: “cobrarnos intereses de demora o bien declararlos morosos y, si no lo remediamos, quedarse con nuestra vivienda”.

El miedo a perder el piso es recurrente. Por eso Rubén decidió negociar y se ofreció a suscribir el plan de pensiones que le están cobrando si, a cambio, le bajaban algo el suelo hipotecario del 3% que paga. “Somos jóvenes y no nos interesa aún el plan de pensiones pero cualquier cosa si podemos bajar ese pago mensual de la hipoteca”. Pero asegura que el banco ni les devuelve el dinero del plan ni acepta bajarles una décima la cláusula del suelo. “Nos están haciendo la vida imposible”, resume la impotencia. De momento han registrado un escrito en el servicio de Atención al Cliente del Grupo Banco Popular rogando que ingresen la mensualidad pendiente de la hipoteca y que les devuelvan el dinero que sin embargo sí les han cobrado del plan de pensiones, 500 euros hasta ahora, que “jamás” firmaron.

En el escrito precisan que la actitud del banco es consecuencia de “las malas relaciones” de la entidad con ellos desde que consiguieron una sentencia firme que obligaba al pago de los importes indebidamente cobrados del swap declarado nulo. No son optimistas. Creen que la lucha con el gigante es imposible. “En este país las leyes las hacen los banqueros”, zanja el afectado. El director de la sucursal se parapeta en la Ley de Protección de Datos para evitar pronunciarse. “Está todo solucionado”, asegura intentando dar por zanjado un asunto que la pareja está dispuesta a llevar, una vez más, a los tribunales.