Un colaborador de Baltar recalificó fincas que compró como rústicas

José Manuel Freire Couto, alcalde de Barbadás y soporte del baltarismo —el hijo-sucesor del cacique lo mantiene al frente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) dependiente de la Diputación, donde lo colocó su padre, pese a que ha defraudado al menos 208.000 euros a Hacienda— no solo ha amasado una fortuna próxima a los dos millones de euros en fincas y empresas. El regidor y alto cargo en la Diputación se hizo con terrenos en el municipio que preside, una zona dormitorio de la ciudad de Ourense, incluidos en un área de reparto cuyo suelo pasó de rústico a urbanizable a través de un planeamiento que él mismo aprobó y que después modificó con el único apoyo del PP.

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y sus alteraciones posteriores han favorecido a Freire y al núcleo duro de sus amigos constructores, algunos de ellos imputados en casos de fraude urbanístico. Junto a al hombre de máxima confianza de los Baltar son propietarios de terrenos en ese polígono de A Valenzá — núcleo urbano de Barbadás y zona de expansión natural de la capital ourensana— que vio disparado su precio con la recalificación, el exconcejal-constructor del gobierno local cuando se diseñó y modificó el planeamiento, Felipe Rodríguez Vide; el empresario Ramón López Casal, socio de la empresa Mahía-Maexpa, imputado por un supuesto fraude urbanístico en Valladolid y a quien Freire llevaba a Centroamérica a hacer negocios en los viajes organizados por el Inorde; el arquitecto Fernando Copa, a quien Medio Rural envió hace una semana una brigada forestal para que limpiara gratis su finca en la capital ourensana; el promotor Manuel Ramos González y el también constructor Abelardo Martínez Ripoll, delegado de Dragados en Canarias e imputado en el caso Faycan sobre corrupción urbanística en Telde. Buena parte de ellos, junto con otros concejales-constructores de los gobiernos presididos por ininterrumpidamente por Freire desde 1975, habían sido ya principales beneficiados del boom edificador de A Valenzá.

Las empresas de este puñado de constructores (Grial S.A., Villaescusa Gestión S.L., Nextable Gestao da Propiedade Lda, Promociones Valenurbe SL, Fernando Copa y Ramos y Felipe Rodríguez Vide) se han hecho, junto con Eichoa, SL, la promotora en la que figuran como administradores la esposa y una hija del regidor, con un suculento bocado de al menos la mitad de un polígono de reparto que pasó de rústico a urbanizable después de que el gobierno local presidido por Freire dibujara en esa zona un instituto que nunca llegó a ejecutarse: los distintos gobiernos de la Xunta lo consideraron innecesario alegando su proximidad a los de la capital. Ni se hizo el instituto ni está previsto, pero el valor catastral de las parcelas que acabaron en manos de los empresarios amigos del alcalde y de él mismo se disparó. Va desde los 25.467,54 euros en los que están tasados los 345 metros cuadrados que figuran a nombre de la firma familiar del regidor —suficiente para levantar una de las torres de bajo y ocho alturas previstas en el PXOM— a los 223.945,07 euros en los que el catastro tasa los 2.605 metros cuadrados propiedad del exconcejal Felipe Rodríguez Vide, uno de los constructores del baltarismo que ocupó asiento, como muchos otros, en la directiva del Club Deportivo Ourense. Las empresas del arquitecto Fernando Copa figuran como propietarias de suelo con un valor catastral próximo a los 100.000 euros y la de Martínez Ripoll supera los 21.000.

El alcalde no solo calificó el suelo que elevó el precio catastral de esas parcelas sino que dio facilidades a los constructores encargados de la urbanización. En las modificaciones del planeamiento suprimió un parque y borró uno de los dos viales de acceso a la N-540 que debería dar salida a los edificios en donde está previsto que vivan más de 1.000 familias. Esto es, el regidor ahorró esa obra a los promotores, que ahora pueden alinear todas las viviendas en un solo margen y abaratar los gastos al simplificar la obra prescindiendo de los dos viales de salida a la carretera nacional y construir uno solo. Además, el gobierno de Freire elevó al máximo el porcentaje de edificabilidad encareciendo así el valor del suelo. La densidad de edificación (en vertical) aprobada para esa zona es considerable.

El polígono forma, con otro anexo, un área de reparto de 76.000 metros cuadrados de los que 51.000 son residenciales y 5.700 comerciales. Donde el planeamiento preveía 12 edificios con bajo y ocho alturas, Freire y sus ediles acabaron dibujando nueve inmuebles con las mismas alturas pero sin pérdida de edificabilidad: las nuevas construcciones serán más anchas, a costa del espacio verde y dotacional, y los constructores podrán vender más plazas de garaje. Una operación que revertirá en beneficio económico para Freire y para el selecto grupo de constructores propietarios de un suelo que antes de aprobar y modificar el planeamiento apenas tenía valor.