El banco malo pide el desalojo de un edificio con familias desahuciadas

El banco malo, la Sareb por su acrónimo oficial, ha pedido por primera vez el desalojo urgente de un edificio de su propiedad. Son 40 pisos de obra nueva en Sabadell (Barcelona) que durante cuatro años han permanecido vacíos y que hace tres semanas fueron ocupados por una decena de familias desahuciadas y amparadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El caso ilustra la cuadratura del círculo en un país que se sumió en una orgía inmobiliaria. Primero, miles de familias se sobreendeudaron, la burbuja estalló, perdieron el empleo, dejaron de pagar y les desahuciaron; mientras, los bancos acumularon miles de inmuebles que tuvieron que transferir a una sociedad de gestión público-privada que tiene el encargo de venderlos en un plazo de 15 años. Ahora es esta entidad, la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el banco malo, quien pretende desalojar a los desahuciados con una denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 4 de Sabadell por usurpación en la que pide “medidas cautelares”, esto es, que el desalojo sea previo al juicio.

“Esto ha estado cerrado durante cuatro años, no queremos que nos regalen nada. Pero a los bancos les han rescatado con el dinero del trabajo de todos nosotros, y a nosotros no nos rescata nadie”. Manuela se explica mientras barre las zonas comunes del edificio y su hijo repara grietas de un zócalo. Pide que no aparezca su nombre: “nos están imputando para ampliar la denuncia”, recela. Ella y su marido llegaron al edificio, el tercero que ocupa la PAH en Sabadell, tras un periplo que se repite a menudo: eran clase media, se quedaron en paro, no pudieron pagar, desahucio, patada en la puerta de otra vivienda, otro desahucio.

Si el Sareb les echara, sería la tercera vez. “Pero esto ni hablar, no lo vamos a permitir, se liaría una buena”, asegura Manuela, madre de tres hijos de 16, 13 y 6 años. Cuenta que para los chavales es muy duro, pero que la llegada al edificio les ha dado estabilidad y que convivir con otras familias en la misma situación les levanta la moral: “Saber que no eres el único y que no has hecho nada de lo que tengas que avergonzar”.

“Sareb no está para desahuciar, no es su función, y que en todos los casos se pretende llegar a acuerdos”

El edificio, que hace esquina, sobresale por tamaño en el barrio de Gràcia, de casas bajas y naves industriales. Quien transfirió el inmueble a Sareb fue el Banco Mare Nostrum, en el que se integró Caixa Penedès. Fuentes de la sociedad aseguran que “Sareb no está para desahuciar, no es su función, y que en todos los casos se pretende llegar a acuerdos”. Las mismas fuentes reconocen que este es el primer inmueble que se encuentran ocupado y enumeran los motivos de la solicitud de desalojo: “Una, evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas. Dos, velar por la seguridad de los ocupantes, puesto que desconocen el estado legal de las viviendas, si eran habitables, con cédula. Y tres, velar por el buen estado de mantenimiento del edificio, los pisos y sus equipamientos”.

Desde la PAH de Sabadell, uno de sus portavoces, Pau Llonch, arremete contra la Sareb --“es la muestra de cómo se han privatizado los beneficios y se han socializado las pérdidas”-- y confía en que “la juez tendrá cierta sensibilidad en el caso: tendrá presente que no se trata de velar por el buen estado de unos electrodomésticos, sino del grave problema de acceso a la vivienda”. Llonch se refiere a los electrodomésticos porque uno de los argumentos de la denuncia de la Sareb es que la ocupación puede dañar el estado del equipamiento de los pisos.

El portavoz de la plataforma también recuerda que el Ayuntamiento de Sabadell ha reconocido que las familias que ocupan el edificio no tienen alternativa y que la PAH presentó ayer un escrito de oposición en el que ajuntan el manifiesto al que se han adherido más de 50 entidades y partidos políticos (PSC, ICV, Entesa, ERC, CUP) pidiendo “la retirada del proceso de penal de la solicitud de medidas cautelares”.

La propia concejal de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Marta Farrés (PSC), subraya que “la posición del gobierno municipal es de que la Sareb debe llegar a un pacto con las familias para que puedan permanecer en el edificio, porque creemos que hay que poner los pisos vacíos a disposición de quien lo necesita” e incluso se pone a disposición de la sociedad para mediar en el caso. La denuncia está ahora mismo parada: el titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell ha dado traslado al fiscal y a las partes para que cada uno opine y decida qué hacer.