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Consumo expedienta a Telefónica con tres infracciones por 920.000 euros

Diego Valderas: "La Junta legisla para resarcir a los consumidores"

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Ampliar foto
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

La Junta ha abierto un expediente sancionador por importe de 920.000 euros a la compañía Telefónica Móviles España por cometer presuntamente tres infracciones calificadas como muy graves en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha precisado en Huelva que las sanciones son resultado de las inspecciones realizadas por los servicios provinciales en la campaña de control del sector telecomunicaciones en 2011. Se trata de un expediente sancionador iniciado por la Delegación del Gobierno en Huelva, que ha detectado tres infracciones a la normativa calificadas como “graves”.

La primera de ellas, cuya propuesta de sanción es de 350.000 euros, es por no informar en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas y por la falta de indicación de precio en telefonía móvil en la modalidad de contrato.

Las otras dos infracciones, por 220.000 y 350.000 euros, son por no atender la solicitud de desconexión de los servicios de mensajería Premium y de llamadas internacionales; así como no facilitar una factura independiente para los servicios de tarificación adicional ni contratos a los usuarios finales en la modalidad de prepago.

La compañía ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno, con una multa de 440.000 euros, por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas. Valderas recordó que el sector de las telecomunicaciones es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones, con 7.095 (24 % del total) sobre un total de 29.027 registradas en el periodo de enero de 2012 al 23 de abril de 2013.

La Junta prevé desarrollar hasta el próximo octubre un nuevo Plan de Inspección de los Servicios de Telecomunicaciones para comprobar si se cumple la normativa sobre precios, contratos y la información que se ofrece a los consumidores. “Vamos a legislar para el resarcimiento de los consumidores”, ha incidido Valderas.