La tolerancia cero de Alberto Fabra con los imputados del PP hace agua

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se ha visto obligado a realizar una lectura restringida de su política contra la corrupción. La imputación el pasado viernes del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el caso Gürtel, ha marcado un punto de inflexión en el discurso del Consell. El sucesor de Fabra al frente de la alcaldía castellonense está imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación con la contratación de Orange Market en 2007 durante su etapa como subsecretario de la Consejería de Sanidad.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, fundamentalmente, y el secretario general del PP, Serafín Castellano, han sido los encargados de acotar en público la política de tolerancia cero de Fabra.

Ciscar argumenta que las líneas rojas marcadas por Fabra no han cambiado, aunque el presidente solo puede aplicarlas en su ámbito de influencia. El vicepresidente explica que Fabra ha apartado a todos los cargos imputados de la dirección regional del PP, de la dirección del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y de la Administración de la Generalitat.

Sin embargo, cuando se sacan a relucir las excepciones, el vicepresidente echa balones fuera. Ocurrió con Carlos Fabra, que se mantuvo como presidente de la empresa pública Aerocas hasta que se decretó la apertura de juicio oral por delitos contra la Administración y la Hacienda pública. Y ocurre con José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, que ostenta el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a propuesta de la Generalitat, tras haber gobernado el partido en la provincia durante años. En estos casos, Ciscar ha pedido paciencia porque hay que analizar cada situación y dejar que el Consell adopte sus decisiones "en el momento oportuno".

El presidente afirmó que los encausados no irían en las candidaturas

El problema se ha agravado con la imputación de Bataller. Es el segundo alcalde de capital que resulta imputado. La primera fue la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y las cosas se pueden poner peor si, como piensa la oposición, el juez José Castro que instruye el caso Nóos observa finalmente indicios de delito en la actuación de Rita Barberá en la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit que organizó el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Un escenario de pesadilla para el PP de Fabra, que anunció meses atrás que los cargos imputados no repetirían en las candidaturas electorales del partido, lo que ha provocado un notable malestar en el grupo parlamentario.

Es precisamente en el Grupo Popular, donde hay nueve parlamentarios imputados y razones para pensar que se llegará a la decena, donde se observa con mayor detenimiento la política de Fabra frente a los escándalos de corrupción. En ese mismo grupo, el diputado y presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, ya ha dejado claro que no está por asumir las líneas rojas marcadas por Fabra, quien tras la imputación de su sucesor al frente de la alcaldía de Castellón se ha refugiado en los estatutos nacionales del PP para no pedir la dimisión de Bataller como presidente local del partido. Los estatutos solo obligan, según la dirección regional del PP, a abrir un expediente informativo. A nada más. Y el presidente regional tampoco piensa pedir ningún sacrificio adicional.

En el Grupo Popular hay nueve parlamentarios imputados y razones para pensar que se llegará a la decena

De hecho, fuentes del Grupo Popular explican que Presidencia ha querido encapsular los escándalos de corrupción en las Cortes, donde han frenado la dimisión de Sonia Castedo, que anunció hace meses que renunciaría a su acta de parlamentaria por su imputación en el caso Brugal. La renuncia al acta, que Fabra ha repetido hasta la saciedad que es personal, trasladaría la tensión a la alcaldía de Alicante.

Esta es una de las claves que explican, según fuentes del PP, los problemas de aplicar una política de tolerancia cero hacia los cargos imputados. Con un partido debilitado por la gestión de la crisis económica, una política de grandes eventos en cuestión y salpicado de escándalos de corrupción, Fabra no puede arriesgarse a presentar candidatos nuevos en las plazas más importantes. Pero ello plantea otro problema: si el presidente popular abre la mano con los imputados en la confección de las listas municipales, puede que tenga que hacer lo propio con las candidaturas autonómicas. Y ahí radica buena parte del problema, en la dificultad del presidente para mantener un discurso del que ha hecho bandera.