El TSJM declara nulo el ERE en la Agencia de Protección de Datos

La Comunidad deberá readmitir a los 22 trabajadores afectados

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo de la Agencia de Protección de Datos y obliga a la Comunidad de Madrid a la readmisión de los 22 trabajadores afectados. La Sala de lo Social del TSJM, compuesta por Begoña Hernani, Aurora de la Cueva y Alicia Catalá, entiende que el ERE se realizó sin fundamento. “A la fecha de entrega de la carta de despido a los trabajadores, la causa alegada para el mismo no existía, ya que ni siquiera había finalizado el trámite parlamentario, el Proyecto de Ley en que se basa el despido”, recoge la sentencia, que es recurrible ante el Supremo.

La Agencia de Protección de Datos comunicó el despido a sus empleados el 28 de noviembre de 2012 “como consecuencia de la extinción de su personalidad jurídica”. El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida popularmente como ley escoba, que en su artículo 55 establecía la eliminación de la empresa pública, fue aprobada el 20 de diciembre, casi un mes después de que los trabajadores recibieran la notificación de despido. Ocho días después de que la ley fuese aprobada en la Asamblea de Madrid —en ella también se abría las puertas a la privatización de la gestión de los seis hospitales que el Gobierno regional sacará a concurso, y se incluían numerosas medidas favorables a la implantación de Eurovegas bajo la fórmula de los Centros Integrados de Desarrollo—, los despedidos presentaron la demanda judicial. “El personal laboral de la Agencia es personal laboral fijo, que accedió a sus puestos mediante la superación de distintos procesos selectivos, en algunos casos procedente de la propia administración de la Comunidad y con antigüedades que superan los 25 años”, se quejaron entonces mediante un comunicado.

La supresión del organismo fue anunciada el pasado 25 de septiembre por Ignacio González durante su debate de investidura como presidente regional. El Ejecutivo cifró en dos millones de euros la cantidad que ahorraría. “La decisión extintiva se ha adoptado con coacción o abuso de derecho, se ha producido un incumplimiento de la prioridad de permanencia y la indemnización abonada es inferior a la establecida legalmente”, indica la sentencia. Desde el Gobierno regional no aclararon si la recurrirán o no, aunque argumentaron que “es más una cuestión de forma que de fondo”.

“Exigimos [a la Comunidad] que respete lo que han decidido los jueces del TSJM, que cumpla esta sentencia, y que se deje de recurrir a otras instancias… Que no juegue con los empleados públicos recurriendo una y otra vez, con el dinero de todos los madrileños”, observó Amparo Valcarce, diputada del PSM.

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