Tres tristes pactos

Tras meses de titubeos, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene la política de pactos embarrada. El jefe del Consell a lo largo de su primer año y medio de mandato ha planteado tres propuestas distintas de acuerdo.

Fabra busca un pacto social en torno a un texto genérico en defensa de mejor financiación e infraestructuras que mejore la imagen de la Comunidad Valenciana y las políticas solidarias. Una nueva reforma del Estatut para reducir los diputados de 99 a 79. Y una mejora del sistema de financiación autonómica.

Cada iniciativa cuenta con un interlocutor: el vicepresidente José Ciscar, para el pacto social; el consejero de Gobernación y secretario general del PP, Serafín Castellano, para la reforma del Estatut; y el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que se ha convertido en el interlocutor del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado avances importantes. La falta de peso político del PP valenciano en Madrid y las enormes dificultades financieras de la Generalitat han obligado al Consell a rebajar las expectativas.

Del posible Acuerdo de la sociedad civil por la Comunidad Valenciana ya se han descolgado algunos de los interlocutores más significativos: los sindicatos CC OO y UGT y las universidades públicas valencianas. Y otros, como las organizaciones empresariales se sumarán pero admiten en privado que se trata de “un documento de obviedades, que tendría sentido si generase otros pactos”.

Fuentes del Consell niegan la mayor y aseguran que ya hay más de 130 entidades que se han sumado al pacto civil, aunque admiten la dificultad de lograr un apoyo masivo y sin fisuras.

CC OO y UGT no suscribirán acuerdo alguno sin previsión económica

“El pacto, que el presidente propuso en su discurso de Año Nuevo, va bien, pero es complejo eliminar susceptibilidades en unos colectivos en los que nadie quiere ser menos que el vecino de al lado”, señala estas fuentes, que explica que el vicepresidente coordina pero cada consejero tiene asignada la tarea de contactar con las entidades de su ramo.

En privado, el Consell admite que la falta de liquidez —se adeudan subvenciones y ayudas a la práctica totalidad de entidades cívicas e interlocutores sociales— ha dinamitado la adhesión al documento de no pocos interlocutores. Una situación que aborta la pretensión del Consell de presentar el pacto social ya cocinado a la oposición para evidenciar la fortaleza del PP.

Los secretarios generales de CC OO y UGT del País Valenciano, Paco Molina y Conrado Hernández, respectivamente, se lo explicaron con claridad al presidente Fabra. “No suscribiremos un acuerdo sin concreción política alguna, ni proyección económica que afronte los gravísimos problemas reales”, le explicaron los dos dirigentes sindicales a Fabra, a quien remitieron al marco del diálogo social —integrado por la Generalitat, UGT, CC OO y la patronal Cierval— para cualquier otra propuesta de acuerdo.

La negociación para reformar, otra vez, el Estatut d’Autonomía tampoco va por buen camino. Castellano ha tanteado a todos los grupos parlamentarios, sabedor de que si no hay acuerdo en las Cortes Valencianas este año, el calendario electoral impedirá cualquier acuerdo. Sin embargo, el PSPV, tras analizar la situación, ha dado con el argumento para evitar la lazada. Los socialistas han recurrido al propio argumentario de Alberto Fabra y el PP valenciano y reclaman que la nueva reforma del Estatut —que solaparía la que está pendiente de tramitación en el Congreso y que exige mejores inversiones del Estado— incluya la deuda histórica exigida por el propio presidente de la Generalitat o que se saque adelante la ya aprobada por las Cortes.

El presidente sabe que buena parte de su futuro depende de la financiación

Y es que el acuerdo para obtener una mejora de la financiación autonómica y sacar a la Generalitat del estrés financiero que sufre se ha convertido en la clave de toda la política de pactos.

Esta es la negociación más complicada y la que ha recaído sobre uno de los consejeros más bisoños del Consell, Juan Carlos Moragues, que intenta defender la reivindicación con el mayor número de argumentos posible ante el equipo del ministro Cristóbal Montoro.

En cualquier caso, el propio presidente de la Generalitat es consciente de que la decisión final será política y que del resultado depende buena parte de su futuro político.

El responsable de la Generalitat tuvo que admitir esta misma semana en sede parlamentaria que la reivindicación de la deuda histórica —en la práctica, una quita para que los intereses de la deuda no sigan devorando la Generalitat— queda aparcada por las dificultades del Gobierno. Una reivindicación que esgrimió el propio Fabra tras asumir la presidencia y a la que ahora ha renunciado con la esperanza de salir beneficiado en la flexibilización del déficit de 2013 y de lograr un nuevo reparto de la financiación autonómica en 2014.

El Gobierno anunció el viernes que el objetivo de déficit de las autonomías pasará este año del 0,7% al 1,2%. Un escenario muy alejado del 1,5% o 2% que pedía el Consell, que ya sabe que no podrá cumplir con este mandato. Y para postre parece improbable que haya un nuevo sistema de financiación vigente en 2014.