La cara oculta de los pisos para desahuciados

“Si lo llego a ver antes, no firmo. Hay pisos mejores que este y más baratos”. Pilar Ortega es una de las beneficiarias de los seis pisos que la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, entregó el pasado 25 de marzo para familias con problemas económicos o en riesgo de desahucio en Burriana. Un mes después, todavía no ha podido trasladarse a vivir allí. Según explica, la entrega se hizo careciendo de la licencia de ocupación. “He tenido que pedirla y dar de alta los servicios básicos, me he gastado más de 350 euros solo en las altas de los servicios”, apunta.

Pilar explica que la llamaron de un día para otro para decirle que le habían adjudicado uno de los pisos sociales y que tenía que acudir al acto de la entrega. La demanda la hizo hace tiempo, cuando se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando la hipoteca de 600 euros del chalé que ya tiene orden de desalojo. “Firmé sin haber visto el piso, sin saber cuánto iba a pagar y encima te obligan a hacerte la foto para que salga en la prensa. No valió de nada que me negara”, se queja. La falta de información previa y el obligado paso por el trance de la foto de turno no son los únicos contratiempos. Aunque reconoce que su piso “no está del todo mal” (pese a llevar un mes arreglándolo, toparse con una rata muerta y tener la cocina llena de excrementos de estos roedores), denuncia el mal estado en el que se han entregado. “Vi el de mi vecina y estaba asqueroso, la cocina estaba podrida y la han tenido que arreglar como han podido”, explica.

Su vecina es Lola, una mujer de edad avanzada que lleva ocho años viviendo en este bloque de pisos pero que ha tenido que pedir el cambio a otro más grande, puesto que ahora vivirá con más familia. Asegura que su hija se ha tenido que gastar 300 euros solo en adecentar la cocina. Al igual que Pilar, ella tampoco se ha podido trasladar. “Todavía no tenemos luz ni la licencia de ocupación, solo la podemos utilizar para que los niños duerman allí”, lamenta. Según denuncia, en los ocho años que lleva viviendo allí, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) no ha arreglado ninguno de los desperfectos que ha trasladado. Algo que también denunció otra vecina que paseaba días atrás por las zonas comunes del bloque.

La consejería entregó en diciembre del año pasado los tres primeros pisos en alquiler para familias desahuciadas o en riesgo de exclusión de los 3.000 anunciados en 2011. Bonig empezó a entregarlos en el momento de mayor clamor social, con los primeros casos de suicidios. Lo hizo en Castellón, donde firmó un primer convenio con el Ayuntamiento para facilitar 17 inmuebles del parque del IVVSA. Pronto surgieron las críticas. Seis de ellos están okupados y otros necesitan reformas. A pesar de que el anuncio de este programa se hizo en julio de 2011, desde el Consell admiten ahora que 600 necesitan de una reforma urgente y en otros 600 tienen okupas. Son los únicos que se prevén entregar de la cifra inicial de 3.000. “No sé dónde están los cinco millones anunciados para la rehabilitación, visto lo que hemos visto en Burriana”, afirma María José Salvador, portavoz socialista de vivienda en las Cortes Valencianas, que presentará alguna iniciativa en la Cámara sobre el mal estado de los pisos. La queja se extiende a las zonas comunes donde saltan a la vista los interfonos arrancados, las puertas reventadas, la acumulación de basura, etc.

El PSPV-PSOE de Burriana denunció el estado de los pisos tras recibir las quejas de los propietarios. “Es una vergüenza que Bonig y Calpe (el alcalde) no duden en hacerse la foto entregando unas viviendas sociales que saben que no disponen de cédula de habitabilidad”, criticó el portavoz, Javier Gual. Desde la consejería responden que los propietarios saben, cuando firman, que tienen que hacerse cargo de estos costes.

“La cocina estaba podrida y la han tenido que arreglar como han podido”

En la Comunidad Valenciana se ha desahuciado desde 2008 a más de 44.000 familias. El Consell, por medio de este plan, ha facilitado hasta ahora unas 80 viviendas en alquiler dentro del programa para familias en riesgo de embargo. Una cifra ridícula. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, instó esta semana a agilizar la rehabilitación de las viviendas para ponerlas a disposición cuanto antes.

Pero el precio es otro de los problemas a los que se enfrentan los afortunados. “Entre alquiler y comunidad voy a tener que pagar unos 250 euros al mes. Por este precio, en Burriana he visto pisos que tienen hasta piscina”, afirma Pilar, quien asegura que no se enteró del coste hasta después de firmarlo. “Nos dicen que podemos pedir bonificaciones, pero no es seguro que nos las den”, recalca.