Los jueces de Alicante paralizan un mes los desahucios pendientes
Los magistrados instan a los afectados que demuestren la existencia de cláusulas abusivas
Los jueces de Alicante ofrecen una prórroga de un mes a los afectados por los desahucios para que demuestren si sufren cláusulas abusivas. La Junta Sectorial de Jueces de primera instancia, mercantil y registro civil del partido judicial de Alicante han acordado paralizar los desahucios pendientes en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) durante 30 días, con el objetivo de que los afectados puedan demostrar la existencia de cláusulas abusivas, según el escrito del acuerdo judicial, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según el colectivo Stop Desahucios en Alicante más de 300 familias están amenazadas y al borde de perder su casa.Francisco Moreno, abogado y miembro de la plataforma en Alicante, advierte, no obstante, que con esta medida "no se soluciona el problema, sino que se alarga". El colectivo considera que con esta prórroga los afectados tendrán más esperanzas pero recuerda que la solución definitiva pasa por "la dación en pago retroactiva y el alquiler social".
La reunión de los magistrados, celebrada este pasado martes, tenía por objeto estudiar un criterio común sobre las resoluciones a adoptar en materia de ejecución hipotecaria, tras la directiva 93/13/CEE y su jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) en materia de protección del consumidor.
Así, la junta sectorial de jueces alicantinos ha decidido facilitar al demandado en el procedimiento hipotecario la obtención de un pronunciamiento judicial efectivo de nulidad de cláusula abusiva por quebrantamiento de los derechos del consumidor.
Igualmente, el órgano judicial ha considerado que "debe informarse" al afectado de su derecho "a fin de que pueda solicitar la suspensión" del procedimiento de ejecución hipotecario, "acreditando la existencia" de un proceso declarativo "que pueda resultar necesario para garantizar la plena eficacia de la decisión final" a adoptar.
De este modo, ha valorado que el plazo a conceder a las personas implicadas en desahucios para hacer valer el citado derecho "no podrá exceder de 30 días", y ha acordado la paralización de los lanzamientos pendientes en el SCNE "a fin de que cada juzgado lleve a cabo el contenido" de la resolución, cuyo objetivo es "evitar que el demandado no sufra un perjuicio irreparable".
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