IU expropiaría por tres años las casas de la banca con procesos de desahucio

Siguiendo el decreto recién aprobado por la Junta de Andalucía para combatir los desahucios, Izquierda Unida propone penalizar a los bancos e inmobiliarias que se nieguen a sacar al mercado el stock de casas vacías con que cuentan en la Comunidad de Madrid y crear un registro de viviendas de este tipo en seis meses. El proyecto de ley también plantea la expropiación forzosa, por un tiempo máximo de tres años, de aquellas viviendas de entidades financieras en las que residan personas en procedimientos de desahucios.

El proyecto, que supone “un giro radical en el modo de concebir la vivienda”, también exige una moratoria de los desahucios por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). A partir de la entrada en vigor del proyecto de ley —que el PP, con mayoría absoluta, ya ha dicho que no respaldará al ir “contra el derecho a la propiedad privada”, entre otros argumentos—, el Ivima estaría obligado a ofrecer a los afectados “por procesos de desahucio de viviendas del patrimonio del Instituto una solución alternativa de realojo o la continuidad en la misma vivienda considerando las necesidades de la familia y la capacidad de pago, en su caso, de una renta mensual de alquiler, que en ningún caso superará un tercio de los ingresos de la familia”. La misma medida se extendería a las viviendas propiedad de los ayuntamientos de la región o de las empresas municipales respectivas, añade el texto.

“Estamos en una comunidad autónoma que tiene en estos momentos 270.000 viviendas vacías, la gran mayoría en manos de entidades financieras y empresas inmobiliarias, y a la vez se producen 29.200 desahucios al año, por lo que las 1.000 viviendas del Ivima que Ignacio González plantea destinar a través de Cáritas ni siquiera alcanza al 3,5% de los desahuciados”, entiende el coordinador general de IU, Eddy Sánchez.

Las infracciones muy graves se sancionarían con una multa de hasta 9.000 euros, las graves con hasta 6.000 y las leves con hasta 3.000. En ningún caso se impondrían multas inferiores a 1.000 euros. Cuando las infracciones afectasen a varias viviendas, se podrán imponer tantas sanciones como infracciones se hayan cometido por cada una de ellas, aunque pertenezcan a la misma promoción. “Esta penalización económica se incrementaría en un 50% cada seis meses, hasta que las viviendas salgan al mercado”, recalca Sánchez.