Hospitales: el mito de la gestión eficiente

Al medio año de su inicio, la marea blanca sigue viva. Algo que quizá entienden mal algunos ciudadanos ajenos a la sanidad, entre los que puede calar la idea, potenciada por determinados medios, de estar ante una actitud gremialista, más o menos manipulada, que niega el apoyo del sector privado. Merece la pena reflexionar sobre la gestión eficiente, argumento principal de las supuestas medidas de ahorro propuestas por la Comunidad para justificar lo que llaman “externalización del sistema”.

Asumir que saltar a la gestión privada permite ser más eficiente es un acto de fe que da por sentado que la situación anterior no lo era. Cuesta creer en la ineficiencia global de los gestores que han venido actuando hasta ahora, máxime cuando los nuevos equipos directivos se van a nutrir a expensas de las mismas personas. También se contará con los mismos profesionales en uno y otro caso, y es poco previsible que los recursos técnicos sean diferentes.

Cuando se nos vende lo de una gestión más eficiente se nos está hablando de aplazar pagos y delegar responsabilidades. De desviar a sociedades mercantiles con ánimo de lucro el marrón de los recortes. Que sean ellas, entes neutros ajenos al Gobierno, las encargadas de aplicar medidas duras e impopulares cuyo peso va a recaer sobre la parte más vulnerable del sistema.

No es hipótesis, sino una realidad constatada, que se van a reducir plantillas, no se va a renovar a eventuales e interinos, se recortarán sueldos, se endurecerán las condiciones laborales —incluidas las referidas a la contratación—, y cuestiones vitales, inherentes a cualquier hospital que se precie, como la docencia y la investigación, pasarán a un segundo plano si no a ser completamente marginadas. Hay que decir que tanto la ratio de profesionales por hospital como los sueldos que estos reciben están a la cola de Europa. Evidentemente, aunque se niegue por principio, todo ello va a redundar en un deterioro muy importante en la calidad asistencial.

No nos engañemos: la ineficiencia en la gestión se sitúa un escalón más arriba. No son los gestores hospitalarios ni sus profesionales los ineficientes, sino quienes han tomado decisiones irresponsables desde la presidencia de la Comunidad y desde su Consejería de Sanidad. Los ejemplos son claros y conviene tenerlos presente. Destacaré algunos: es ineficiente sembrar la región con unos hospitales de agudos que nadie ha justificado y cuya necesidad solo se entiende en aras de lograr votos y alcaldías. Alguno, como el de Villalba, concluido y sin funcionar, con un alto costo de mantenimiento a cargo del erario público. La medicina actual pugna por externalizar (es apropiado aquí el uso de la palabra) servicios a base de modelos de atención a domicilio, hospitales de día, programas de cirugía y de rehabilitación ambulatoria...

Hoy, el problema número uno en todo el mundo desarrollado son los pacientes crónicos, y su solución idónea no pasa por multiplicar sin tasa hospitales de agudos.

Otro ejemplo: parece poco eficiente nombrar sistemáticamente consejeros que por, muy inteligentes y capaces que puedan ser, tienen su primer contacto con la sanidad el mismo día de su toma de posesión. Consejeros que, además, se muestran sumisos y se sienten mucho más deudores de la Administración que los nombra que no del ciudadano a quien debieran servir.

Es poco eficiente prescindir por norma de la opinión del profesional, con quien no se cuenta ni a título consultivo a la hora de presentar propuestas descabelladas. En algún caso, como en el intento de cierre de La Princesa, hubo que recular al poco tiempo. En este campo, una de las pocas ideas positivas promovida desde la Dirección General de Hospitales, la elaboración de planes estratégicos por parte de las especialidades, ha quedado arrumbada en espera de mejor ocasión. Hay que recordar que esos planes fueron elaborados durante más de un año por un número muy alto y cualificado de profesionales, y presentados a bombo y platillo por la Comunidad.

También se manifiesta la ineficiencia en otras cuestiones que rebasan las competencias del hospital para recaer sobre las de la consejería. Por ejemplo, impedir duplicidades innecesarias en la creación de servicios de alta tecnología y coste elevado. O no ampliar horarios para rentabilizar inversiones en infraestructuras manifiestamente caras. U orientar de forma sesgada a los pacientes, dirigiendo hacia los hospitales externalizados a aquellos con procesos de coste previsiblemente inferior.

Los ejemplos pueden multiplicarse. Nadie se hace responsable, y a las mentes que idearon estas ineficiencias no se les pedirá cuentas. Interinos y eventuales se irán al paro, pero los padres del desaguisado, próceres ilustres de la política madrileña, pasarán, ocuparán otros puestos y, en el mejor de los casos, se evitará el reenganche a alguna de las empresas eventualmente beneficiarias del nuevo rumbo sanitario. Evidentemente, a las entidades interesadas no se les puede reprochar demasiado. Ven negocio y van a por él. Es su razón de ser.

La cuestión no es negar por sistema la colaboración público-privada. Siempre ha existido y nadie lo ha criticado. Quien quiera optar por la privada es libre de hacerlo. Existen multitud de niños nacidos en clínicas privadas, así como ciudadanos operados por decisión propia de cataratas u otras dolencias en esos mismos centros.

Ese no es el problema. Sí lo es la incompetencia, el dejarse parasitar, el entreguismo injustificado y la intención de querer hacernos comulgar con ruedas de molino. Lo es la irresponsabilidad, nunca reconocida ni sancionada. El mal puede ser irreversible. Así, es fácil entender que, a pesar de las dificultades y del castigo al bolsillo, se sigan manteniendo las mareas blancas.

José Manuel Ribera Casado es catedrático emérito de la Universidad Complutense