La adjudicación del vertedero a Ortiz en Albatera abre fisuras en el PP

La adjudicación de una nueva planta de residuos sólidos en Albatera al empresario Enrique Ortiz y a Cespa abre fisuras en el PP, ya que algunos alcaldes han votado en contra del criterio de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, del PP, y otros se han ausentado de esta delicada votación. Al final, el consorcio del plan Zonal de la Vega Baja ha aprobado ejecutar la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 2010 y adjudicar el proyecto de gestión de residuos urbanos de la comarca a la UTE formada por las empresas Cespa y Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, que contempla su ubicación en Albatera.

Previo a esta reunión unos 300 vecinos de la comarca de la Vega Baja, principalmente procedentes de Albatera, han protagonizado una ruidosa protesta a las puertas de la Diputación de Alicante en señal de protesta por esta adjudicación, basada en una sentencia judicial

Los cinco alcaldes socialistas han votado en contra, pero la sorpresa ha sido que los alcaldes de Albatera, Benijófar y de Callosa de Segura, todos ellos del PP, también se han opuesto a esta adjudicación. El representante del Ayuntamiento de Catral, ahora en manos del PSPV y Alternativa por Catral, también votó en contra, y se abstuvieron los representantes del PP en Orihuela. Además los representantes de Algorfa, Bigastro, Cox y Granja de Rocamora no acudieron a la reunión y el de Daya Vieja abandonó la reunión antes de votar.

Pese a todo, desde presidencia de la Diputación echaron man de la artimética y destacaron que el acuerdo fue aprobado por 156 votos a favor, 39 en contra y 15 abstenciones. Según explicaron, la Junta de Gobierno de la Zona XVII la integran 29 representantes, que emiten 225 votos; la Generalitat Valenciana, que concentra un 25% de los votos, la Diputación de Alicante, con un 15%, y 27 ayuntamientos, que tienen el 60% de los votos en proporción al número de habitantes que tiene cada municipio.

El alcalde socialista de Rafal, Manuel Pineda, ha lamentado que con esta decisión "pierda toda la comarca, ya que se adjudica un vertedero a un imputado en el caso Brugal". Los socialistas defendían suspender el proceso de adjudicación hasta que se resuelva judicialmente el tema. Ahora, los alcaldes socialistas llevarán a sus respectivos plenos una propuesta de acuerdo para abandonar el consorcio del plan Zonal, una medida que tardará dos años en materializarse.

"Ortiz, corrupción, Diputación, corrupción"

Mientras los vecinos  de la comarca protagonizaban una sonora protestada y denunciaban las consecuencias medioambientales y para su salud que tendrá este macrovertedero, pero sobre todo cuestionan el proceso de adjudicación. Juan Serna, uno de los portavoces de la plataforma Stop al vertedero en Albatera, considera que se ha hecho un "traje a la medida" para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, el principal imputado en el caso Brugal, una trama de corrupción político empresarial que surgió precisamente ligada al negocio de los residuos sólidos en la comarca de la Vega Baja.

Desde las diez de la mañana, los vecinos, que portaban pancartas referentes contra la instalación de este vertedero, gritaban: "Ortiz, corrupción, Ortiz, corrupción", "Luisa escucha, Albatera está en lucha", en referencia a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, o "Diputación, corrupción".

El portavoz del colectivo, Juan Serna, ha explicado que con esta protesta pretendían "paralizar el proceso de adjudicación" y si no lo consiguen anuncian medidas legales en los tribunales para intentar frenar este proyecto. "Estamos dispuestos a exigir responsabilidades penales a cada uno de los alcaldes y diputados que voten a favor", ha asegurado.