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Ada Colau: “Si no rectifican, seguiremos”

La activista antidesahucio cree “lamentable” la intervención del Fiscal General con los escraches

La iniciativa recibe el respaldo de CC OO y UGT, que la consideran “democrática”

La PAH convoca 40 concentraciones frente a sedes del PP esta tarde

Ada Colau, junto a los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. Ampliar foto
Ada Colau, junto a los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. EFE

La tramitación parlamentaria de la futura ley de protección de los deudores por impago de hipoteca ha arrancado. El debate está en sede parlamentaria y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quiere seguir manteniéndolo también en la calle. Una de sus caras más visibles, Ada Colau, ha advertido hoy de que no van a parar si los requisitos mínimos planteados por la Iniciativa Legislativa popular (ILP) que han puesto en marcha no se incluyen. “Hasta el último momento no vamos a tirar la toalla”, ha dicho Colau en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid con los máximos representantes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

“Ahora bien, si no rectifican vamos a seguir haciendo lo que no hace el Gobierno, no nos vamos a inventar nada”, ha advertido Colau, en referencia a que seguirán frenando desahucios, “forzando a los bancos” a negociar daciones en pago y con el respaldo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que la ley de desahucios española vulnera aspectos  de la protección al consumidor. La activista reclama una “solución política” para evitar la “arbitrariedad” que supone que cada caso se dirima de forma distinta en función de la entidad bancaria o el juzgado que lo valore. “Si no cedieran, las medidas no caducan, seguirán siendo planteables”, ha advertido.

Entre esas medidas, incluyen los llamados escraches (protestas contra los diputados en sus viviendas o en sus lugares de trabajo). Estas actuaciones, que el PP ha tildado de “violentas” y considera un “hostigamiento” a sus cargos políticos, han merecido también una circular del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dictado una circular a los fiscales superiores para controlar este tipo de movilizaciones “de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales”, según el escrito.

Colau considera, a propósito de la intervención del Fiscal General, que es “lamentable” que “se utilicen las estructuras del Estado para intentar criminalizar algo legítimo”. “Criminalizar a la ciudadanía no les está funcionando”, según la activista, en referencia a las comparaciones que han hecho varios dirigentes del PP en los que equiparan estas movilizaciones con el acoso de ETA a políticos vascos o a los nazis. El Partido Popular indicó el pasado viernes, tras el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que denunciará la docena de casos que han sufrido algunos de sus diputados frente a sus viviendas, según sus propios cálculos.

La activista ha apelado a las últimas encuestas “después de la polémica”. Una de ellas, publicada este domingo por EL PAÍS, señala que hasta un 78% de los españoles respalda este modelo de movilización, que ha perdido 11 puntos de apoyo en apenas un mes. La PAH mantendrá estas movilizaciones “hasta que se apruebe” la ley. Esta misma tarde prevén concentraciones frente a las sedes del PP de 40 ciudades, según estimaciones de Colau, que considera la propuesta del PP una “ofensa” a la gente afectada y al conjunto de la sociedad, porque "no recoge ninguno de los tres puntos de mínimos”, es decir, la dación en pago retroactiva, el impulso del alquiler social y la paralización de los desahucios.

“No se puede permanentemente y de forma impune gobernar al margen de la inmensa mayoría de la sociedad y solo en beneficio de las élites”, ha añadido Ignacio Fernández Toxo. Los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) forman parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y han ayudado a recoger el millón y medio de firmas con las que presentaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que necesita 500.000 apoyos, una tercera parte. Toxo y Méndez respaldan los escraches como “iniciativas democráticas” y considera “una infamia intentar confundir a la opinión pública en relación a estas iniciativas”, según el principal responsable de CC OO. Méndez ha sugerido al Gobierno del PP, que “dice que está muy preocupado por la imagen internacional de España”, que “dar una solución a los desahucios con la ILP es una contribución a la mejora de la imagen internacional de nuestro país”.

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