Activistas logran realojar a una mujer y dos menores desahuciados de su piso

El martes durmió por última vez en su piso con sus hijos de 15 y 17 años. Pasó la noche del miércoles con ellos en una pensión que le costeó el Ayuntamiento de Ferrol y ayer pernoctaron en otra, más cerca del instituto de Secundaria al que acude el menor, estirando la cena que les dieron en la beneficencia.

Ana María de la Vega tiene 50 años y el miércoles la desahuciaron. Hace mucho tiempo, “11 años o alguno más”, que no trabaja y la pequeña herencia familiar que le dejó su padre se agotó hace poco. Sin paro ni prestación, dejó de pagar el alquiler en enero. Vivía con los dos adolescentes en un pequeño piso de la calle Rochel, en el centro de Ferrol. Tres meses de retraso —900 euros— fueron suficientes para que el casero la expulsara “de malos modos”. Cuenta que el martes recibió la notificación y al día siguiente, a las 11.15 horas, se ejecutó discretamente la orden judicial de lanzamiento sin policía ni réplica ciudadana. Ana se vio de repente en la calle con los dos menores —tiene otra hija mayor de edad— y llamó a la puerta de Stop Desahucios. La plataforma, activa y bien organizada, medió con los Servicios Sociales para buscarle un lugar donde dormir. “Los metieron a los tres en una habitación doble con dos camas de 90 centímetros”, critican.

Ayer, una treintena de personas acompañaron a Ana hasta el consistorio para registrar un escrito dirigido al alcalde popular, José Manuel Rey, en el que expone su caso y le demanda una vivienda social de emergencia mientras tramita la Risga (Renta de Integración Social de Galicia) o cualquier otra ayuda pública que la rescate de la miseria.

“Hay viviendas vacías y gente sin casa”, resume Chus Lois, portavoz de la plataforma ferrolana. “Hay un cupo de pisos públicos para casos de como este”, señala, preocupada por cómo puede afectar a los menores este desahucio exprés.

El Ayuntamiento de Ferrol dispone de varios pisos en Recimil, una barriada conocida como las Casas Baratas, para situación de emergencia social. Ana solicitó uno hace más de año sin suerte y ahora vuelve a presentar los documentos. Servicios Sociales se ha comprometido a pagar el alojamiento de Ana y sus hijos hasta que se resuelva su petición de un piso público. También le entregaron un cheque de 60 euros para comida. “Me dijeron que lo estirara”, puntualiza. Esta noche, ella y los niños duermen en un hostal del centro con pensión completa. Todavía no saben donde dormirán mañana.