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El CGPJ archiva la denuncia de presiones al juez del ‘caso Fabra’

El instructor pidió amparo al ver “perturbada” su independencia

El Poder Judicial asume las críticas a la Audiencia de Castellón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia del juez que instruye el caso Fabra, que pidió amparo al órgano de gobierno de los jueces por ver “perturbada” su “independencia” ante las continuas injerencias de la Audiencia Provincial de Castellón en su trabajo. El CGPJ no realiza ninguna valoración sobre esta denuncia, pero apunta a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero, en la que los magistrados tildaron de “inadmisible” que la Audiencia de Castellón entrara a interpretar y descartar el presunto delito de cohecho del que el juez de instrucción acusa a Carlos Fabra. El Supremo dio en este fallo “absoluta libertad” a Jacobo Pin para decretar la apertura de juicio oral conforme a los presuntos delitos que estimara.

Tras asumir esta sentencia, la resolución del CGPJ —fechada el 20 de marzo y dada a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano— dicta que "en consecuencia, procede el archivo del expediente incoado con ocasión de la solicitud de amparo deducida en su día por el titular del juzgado”.

El juez Jacobo Pin decidió pedir amparo al CGPJ el pasado mes de junio al estimar que la Audiencia provincial trataba de “imponer directamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho” sobre el expresidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. El juez señaló en su escrito otras resoluciones de la Audiencia que entraban en contradicción con su instrucción del caso.

El órgano de los jueces da así carpetazo al asunto tras “tomar conocimiento” del fallo del Supremo en el que da “absoluta libertad” al juez de Nules para dictar la apertura de juicio oral y acuse de los presuntos delitos que considere oportunos.

Dos días después del fallo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decretó la apertura de juicio oral por el que Carlos Fabra se sentará en el banquillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales.