El Gobierno denuncia una campaña contra los populares

A la espera de conocer hoy qué porcentaje de sus ahorros perderán atrapados por las preferentes, los afectados por estos productos bancarios culminaron ayer su más tensa semana de protestas impidiendo la celebración del Pleno de la Corporación de Mos y siendo expulsados del de Santiago. Actos como los de ayer, los del miércoles en una visita institucional a la depuradora de Vigo o los del martes que impidieron el Pleno de Ponteareas, llevaron al delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, a asegurar que el “malestar” de los afectados está siendo “manipulado políticamente” para hacer “responsable” al PP.

Juárez no aclaró si esa afirmación la realiza como miembro de ese mismo partido o si, como máximo responsable político de las fuerzas policiales en Galicia, tiene en su poder pruebas que lo avalen. Más sutil fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego se limitó a censurar que sucesos como los de esta semana “perjudican a las instituciones, pero también el interés legítimo de las familias afectadas”.

El presidente reiteró que “la Xunta es el único aliado” de los perjudicados y que la quita que sufrirán hoy los preferentistas en sus ahorros viene impuesta “por las autoridades europeas”, pero no debería impedir que tras ella siga activa la vía del arbitraje para los casos “concretos” en los que se determine que hubo falta de información en la contratación de los productos. Feijóo insistió en que “otros gobiernos crearon el problema” y que ahora este “supera a Galicia y al Estado español”.

A la espera de la quita que se determine hoy, de la que la Xunta no se atrevía a hacer pronósticos, y de la posible continuidad del arbitraje, al que las entidades bancarias se acogen voluntariamente, la vía judicial arrojó ayer la novedad de una sentencia que obliga a Novagalicia a devolver a un matrimonio de jubilados de O Carballiño sus 72.960 euros invertidos en preferentes. En su fallo el juez dice no tener “ni la más mínima duda de que las mismas no fueron verdaderamente consentidas por ninguno de los demandantes” y resalta que la entidad “no ha aportado ni la más mínima prueba de que se hubiese informado” a los afectados ni ha presentado “ningún contrato ni orden de suscripción de valores firmado por ninguno de los demandantes”.

Lisardo Núñez, abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc) destacó que la sentencia, aunque no se basa en ello, abre la posibilidad a otros afectados de reclamar su dinero argumentando que la información que las entidades ofrecían sobre su propia solvencia financiera era falsa.