El jefe de la policial local descarga la responsabilidad en una oficial

Largo, técnico y muy burocrático. Así está siendo el interrogatorio al Jefe de la Policía Municipal de Madrid, el inspector jefe Emilio Monteagudo, imputado por el juez Eduardo López Palop en el caso Madrid Arena en el Juzgado 51 de Plaza de Castilla. Monteagudo ha explicado que se aumentó el nivel de riesgo de la fiesta de Halloween aquel día 31 de octubre al pasar de medio a alto.

Esto suponía un aumento de efectivos de 12 a 18 y que la responsabilidad recayera sobre un oficial de policía. En este caso la responsable del distrito de Moncloa, Cándida Jiménez, a quien Monteagudo está achacando toda la responsabilidad, según han comentado los letrados en un receso de la declaración. En virtud de esta tesis, Jiménez que podía haber aumentado el número de policías destinados al Madrid Arena. Según ha relatado ante el juez, aquella noche estaban de servicio unos 500 agentes en toda la capital a los que podía haber movilizado en cualquier momento. “Precisamente ha dicho que se elevó el nivel de riesgo del evento para que hubiera al frente un oficial y que este pudiera tomar grandes decisiones”, ha explicado el letrado Abdón Núñez.

En lo que han incidido los abogados es en cómo se elevó ese nivel de riesgo. Monteagudo ha explicado que se hizo de una forma verbal y que posteriormente hizo un informe el 7 de noviembre, lo que ha chocado a los letrados. El jefe de la Policía ha remarcado que se hizo con esa fecha porque fue cuando se le pidieron los informes sobre las cinco muertes ocurridas aquella noche en el Pabellón Madrid Arena. “Ha explicado que solo se dan esas órdenes por escrito cuando resultan muy complejas”, ha relatado Núñez.

Según otro abogado, Felipe Moreno, existe una diferencia de seis agentes porque en la documentación aportada por la Policía Municipal al caso solo trabajaban aquella noche 12 efectivos. Monteagudo ha explicado que hubo 18.

El interrogatorio continúa en el juzgado de Plaza de Castilla y según todas las partes puede ser bastante largo debido a la importancia del testimonio de Monteagudo a la hora de clarificar de quién era la responsabilidad de la seguridad del Pabellón municipal. Algunos letrados también están preguntando si la Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, pudo haber actuado con carácter previo o durante la celebración del evento.

Otro detalle en el que también han incidido los letrados es por qué no intervino la Unidad central de Seguridad (UCES) de la Policía Municipal, agentes similares a los antidisturbios encargados del orden público. Monteagudo ha explicado que aquella noche no prestaban servicio.

Órdenes verbales

Poco antes del comienzo de la declaración, Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas, ha declarado su deseo de que el alto cargo policial explique una serie de documentos que "no tienen sentido" y cuya veracidad ha puesto en duda.

Núñez ha subrayado que no se pueden dictar órdenes verbales para cambiar el nivel del evento de "riesgo medio" a "riesgo alto", dado que el artículo 41 del Reglamento de la Policía Local establece que las órdenes deben ser por escrito. En la comisión de Investigación, Monteagudo aseveró el nivel de riesgo previsto se elevó pero fue incapaz de probarlo.

Ante la comisión, Monteagudo explicó que, aunque hubiese habido más agentes en el exterior del recinto "no se hubiese impedido nada de lo que ocurrió en el interior" y negó que se hubiera producido negligencia alguna.  A preguntas de la oposición, manifestó que no hubo botellón en los 50 metros más próximos al recinto y que no se registraron denuncias por consumo de alcohol en la calle. A eso ha sumado que si los dispositivos policiales hubieran sido trasladados a la zona de Lago se habría "abandonado la misión principal".

Monteagudo declara una semana después del exdelegado de seguridad Antonio de Guindos, que aseguró que conoció el operativo de seguridad a posteriori al tener las competencias delegadas en la exconcejal de este área, Fátima Núñez, y en el propio Monteagudo. También precisó que el riesgo pasó a alto y que "fueron órdenes verbales", momento en el que se aumentaron los efectivos de ocho a 12, a lo que se sumaban un sargento y un oficial.